Publicamos un importante artículo escrito por Analisis y Opinión de Bolivia. La imagen corresponde a pobladores de Achacachi, quienes enfrentaron a la policía en la carretera La Paz-Huarina, donde se ve una mujer agitando heroicamente una honda.

La madrugada del domingo 18 la policía boliviana intervino violentamente el bloqueo de caminos que realizaban los pobladores de Achacachi. Las denuncias de los movilizados y los videos muestran la dura represión que hizo la policía bajo las órdenes del Ministro de Gobierno y Evo Morales, según reveló el comandante de la Policía, Abel de la Barra. Como es costumbre, cada vez que se produce una represión policial, Evo Morales se va de viaje. En esta ocasión, su destino fue Venezuela, donde acudió junto a 60 miembros de la costra dirigencial para apoyar al gobierno del oportunista Nicolás Maduro.

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Achacachi, al noroeste de La Paz

La intervención gubernamental tiene el objetivo de desarticular y destruir cualquier movimiento de protesta que cuestione profundamente al gobierno, no importa cuán legítima sea la demanda. En este caso, la acción del gobierno no ha sido solo para defender una alcaldía y socapar a un alcalde corrupto de sus filas. No se trata solamente de dar la razón a los dirigentes adictos a su régimen como son el sector de los “ponchos rojos”. El gobierno quiere imponer su principio de autoridad aplastando a todo el que lo cuestiona. Quiere enviar un mensaje a todos los sectores sociales que van a protestar contra él, está preparando las condiciones para lanzar la ilegal repostulación de Evo Morales y envía el mensaje de que lo hará con mano dura.

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El Ministro Romero ha salido a dar explicaciones por la intervención, este señor ha dicho que la acción se realizó para evitar un enfrentamiento entre la población de Achacachi y los ponchos rojos; pero creer en la versión del ministro solo puede ser obra de orates o completos imbéciles. La dinámica política del viejo Estado no es el de autoridades imparciales que actúan al margen de los conflictos sociales, todo lo contrario, el viejo Estado boliviano y las autoridades que lo gestionan son un elemento de la lucha de clases que se da contra los intereses populares y, los conflictos son, en lo fundamental, el reflejo de esa lucha, que puede tener, evidentemente, una multiplicidad de elementos.

El gobierno ha ido preparando la intervención con antelación, solo ha estado buscando el momento oportuno, ha buscado el desgaste, el cansancio, preparó una contracampaña mediática para contrarrestar el enorme desprestigio que ha cosechado. Hace una semana, el viceministro de régimen interior, José Quiroga, lanzó la acusación de que los bloqueadores tenían armas y estaban encapuchados, planteó la fantástica teoría de que las mujeres achacacheñas que llegaron a La Paz tenían por intención tomar el penal San Pedro y liberar a todos los presos dentro del objetivo de liberar a sus dirigentes detenidos. Además, formuló sin más la acusación de la existencia de un plan para secuestrar a fiscales. Se trata un viejo y desgastado libreto que gustaba fabricar el ex ministro fascista Sacha Llorenti y también otro facho más mediocre, el Ministro Pérez, ambos acusaban a los movilizados de sedición contra el gobierno mientras ordenaban la represión.

A estas acusaciones se sumaron las del propio ministro Romero cuando elucubró que había un plan de los movilizados para dinamitar las plantas que proveen de agua a la ciudad de La Paz. Se sumó a esto un extraño incidente que el gobierno informó como sabotaje con dinamita a la planta de leche que administra el Estado en Achacachi. Esta fuerte acusación no avanzó ni se investigó, nunca se supo si fue un atentado con dinamita o fue un petardo de la movilización o si es que realmente existió. Sin embargo, este hecho nos recordó algo que sí sucedió hace casi 10 años: se trata del atentado dinamitero a un canal de televisión (Unitel) acusado de ser opositor al gobierno, perpetrado por un militar de la Casa de Gobierno, el subteniente Georges Peter Nava.

En vista de que el psicosocial no pegaba ni conseguía desprestigiar la movilización, el gobierno aprovechó la ocasión en la que un dirigente poncho rojo fue al punto de movilización de quien dijeron estaba secuestrado y golpeado. El pretexto también es similar a otro ocurrido tiempo atrás, cuando se dijo, en la movilización del TIPNIS, que el Canciller de ese entonces, David Choquehuanca, fue secuestrado por los indígenas y fue el pretexto para la violenta represión en la localidad de Chaparina. En este caso, a pesar de que el dirigente poncho rojo, Modesto Clares, declaró que estaba por su voluntad y no estaba secuestrado, el gobierno insistió en su versión y sumó a su lacayo, el que funge de defensor del pueblo, David Tezanos, en esta teoría. Tezanos dijo que la vida del dirigente estaba en peligro. Esta versión y la amenaza de los ponchos rojos manejados por el gobierno para “defender a su dirigente secuestrado” fueron el argumento elaborado para justificar la violenta intervención.

Creer que el gobierno actuó porque quería evitar el enfrentamiento es ingenuo. El gobierno armó su pretexto, construyó una versión mentirosa, fueron parte de este psicosocial el sujeto Tezanos y los dirigentes ponchos rojos que controla, para destruir la movilización. La represión policial consiguió detener a casi un centenar de personas, los han llevado a distintos puntos de la ciudad, desde la ciudad de El Alto, hasta la zona sur de Chasquipampa con el objetivo de disolver a los manifestantes, de dispersar los esfuerzos; el gobierno ha ordenado la intervención de la vigilia de las mujeres en el centro de la ciudad e incluso ha detenido a tres activistas por el hecho de protestar contra la forma violenta en que actuaba la policía. Recientemente, sabemos que el aparato judicial que maneja el gobierno, al que se ha sumado el ministerio de gobierno y Vías Bolivia, es decir, el aparato burocrático estatal, ha mandado a la cárcel sin ningún tipo de pruebas a 11 campesinos de Achacachi y a 4 cuatro con detención domiciliaria, entre las que hay una persona discapacitada. Aún no sabemos qué pasará con el resto de detenidos.

Una vez más, el aparato burocrático estatal se lanza al ataque contra la población que protesta por defender sus derechos, los reprime y encarcela, sin los mínimos elementos que evidencien una sanción de tal naturaleza, mientras que, por el otro lado, contra el alcalde corrupto y los dirigentes ponchos rojos que saquearon y robaron en el pueblo de Achacachi se los trata con guantes de seda y no tienen ninguna acción judicial en su contra.

La población ve con más claridad por qué ésto es persecución política. El gobierno lanza una represión selectiva, alienta y protege las movilizaciones que hacen sus dirigentes contra autoridades opositoras. Ahí dice que el pueblo tiene derecho a la protesta, pero reprime, gasifica, balea, la persigue con saña usando el podrido aparato judicial a su disposición y usa a su lacayo Tezanos para hacer acciones legales contra la protesta que no le conviene, en ese caso argumenta que no se puede impedir el libre tránsito de las personas. Ese modus operandi del gobierno, ese doble rasero y doble discurso al actuar políticamente no es encubierto ni disfrazado de disposiciones legales, sino que es abierto y arbitrario, mostrando el carácter fascista del régimen de Morales.

La población de Achacachi está indignada por la violencia y ha resuelto continuar con su lucha hasta las últimas consecuencias; lo ha ratificado también su máximo dirigente Felipe Quispe que espera la solidaridad de la población que también se encuentra indignada. La dirección oportunista de la Central Obrera Boliviana ha decretado un paro movilizado a la vez que ha condenado la acción policial. Los sectores populares en lucha, que son varios, si bien se han solidarizado aún no pueden conseguir una cohesión orgánica, el movimiento popular se enfrenta de manera espontánea al gobierno y ello limita sus capacidades de éxito porque enfrentan a un enemigo poderoso y organizado.

El movimiento popular se encuentra ante una nueva arremetida general del gobierno, éste ya no puede controlarlos como antes con la política corporativa, entonces recurre, y va a seguir recurriendo, a la violencia abierta. Aunque faltos de una dirección revolucionaria, las luchas del movimiento popular tienen el mérito de desenmascarar el carácter reaccionario y pro imperialista, fascista y corporativo del gobierno de Evo Morales.

 

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