Ayer cuando se cumplieron 113 días de la huelga de hambre de 4 comuneros mapuche en prisión preventiva por el caso iglesia, el gobierno de Bachelet anunció  que agilizarán los proyectos de reforma a la Ley Antiterrorista que ya se encuentran tramitando en el Senado, como el gran ofertón para que los huelguistas mapuche depongan la huelga. Pero las reformas a la ley no son más que medidas fascistas que sólo aumentarán la represión.

 

El 27 de septiembre de 2017, mismo día en que se cumplían 113 días en huelga de hambre los comuneros mapuche acusados por el llamado “caso iglesia”, el gobierno de Bachelet anunció por medio de su ministro del interior, Mario Fernández (DC), que agilizarán los proyectos de reforma a la Ley Antiterrorista que ya se encuentran tramitando en el Senado, como el gran ofertón para que los huelguistas mapuche del caso Iglesia depongan su huelga de hambre.

Este anuncio se realiza el mismo día en que uno de ellos, el Lonko Alfredo Tralcal fue hospitalizado por hemorragia interna, mientras los otros tres, los hermanos Trangol se encuentran en grave estado de salud, en especial Benito Trangol.

Los huelguistas, desde el mismo momento de su detención han sido tratados tanto por el Ministerio Público, el Gobierno y los medios de comunicación monopólicos como culpables, pese a que aún no se desarrolla el juicio que pruebe tal grave acusación.  Esto incluso a pesar de que los testimonios de los testigos del incendio, hayan declarado en televisión que “los que quemaron la iglesia no fueron mapuches”.

Reformas a la ley: más fascismo y más represión

De aprobarse alguno de dichos proyectos, la persecución y la sanción por delitos terroristas se agravará y las garantías al debido proceso disminuirán aún más. Entre otras cosas, la iniciativa legislativa (Boletín 9692-07) que se está tramitando actualmente en el Senado para modificar la Ley Antiterrorista presume la intencionalidad terrorista, esto quiere decir que los acusados por ley antiterrorista tendrán que probar que no existe intención terrorista, vulnerando la presunción de inocencia. Esta presunción de la intencionalidad terrorista fue propuesta como indicación por el senador Navarro (MAS), el mismo que hoy día se muestra como un gran defensor de los derechos del pueblo mapuche, como un demócrata, progresista, pero aquí deja bien en evidencia su verdadero carácter, servil a este viejo Estado.

También se alarga el plazo de investigación de 2 a 3 años, permitiendo así que una persona pueda pasar hasta 3 años en prisión preventiva, en lugar de 2, como es hoy día.

Se crea un nuevo párrafo en el Código Procesal Penal denominado “Diligencias y medidas especiales de investigación para delitos organizados o complejos”, el cual sería aplicable no sólo a ley antiterrorista, sino a la ley de drogas, delitos de la ley de seguridad del estado, entre otros, sobrepasando la vulneración a las normas del debido proceso ya existente en la actual ley antiterrorista.

Se crea también la figura del agente revelador que es un funcionario policial que propone a otro cometer delitos, sumándose al agente encubierto, y los dos estarán exentos de responsabilidad criminal, o sea, más pacos infiltrados en el movimiento estudiantil, mapuche, sindical, poblacional, profesores, etcetera.

La otra iniciativa (Boletín 9669-07) que se está tramitando y que el gobierno ofrece agilizar como moneda de cambio al fin de la huelga de hambre de los mapuche, es iniciativa de los senadores Espina, Allamand, Chahuán, García y Prokurica, todos del partido RN, férreo defensor y representante de los grandes terratenientes en nuestro país.

No se aplican los beneficios de la ley 18.216 sobre sustitución de la privación de libertad.
Se reincorpora a los menores de edad como posibles infractores de conductas terroristas.
Se fomenta la delación compensando con dos grados menos de pena al delator.
Aumenta la pena en el caso de la conspiración.

Antes de la formalización de la investigación, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía sin conocimiento del afectado que impida al investigado la salida del país y que se retengan sus bienes.

Se crea la figura del informante, agregándose al agente encubierto.
Autoriza los envíos de armas y municiones, dentro y fuera del país cuando sirviere para individualizar a los partícipes.

Hoy por el solo hecho de investigarse a una persona por Ley Antiterrorista, se tiene asegurado su paso por prisión preventiva, sin siquiera que existan indicios de su participación en los supuestos delitos. Eso es lo que está pasando con los acusados en la Operación Huracán, ya que la jueza Mónica Arancibia para justificar decretar la prisión señaló que era por la gravedad del delito que se les acusa, más allá de las pruebas superfluas que presentó la fiscalía. Se trata como condenados de inmediato a los acusados.

Si hoy la ley ya es pésima, de aprobarse alguno de estos proyectos será peor.

Por eso,
¡POR EL RESPETO AL DEBIDO PROCESO Y A LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES, JUICIO JUSTO!

¡FIN A LA LEY ANTITERRORISTA!

¡FIN A LA MILITARIZACIÓN DEL WALLMAPU!

¡DONDE HAY OPRESIÓN HAY REBELIÓN!

VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO MAPUCHE

LA REBELIÓN SE JUSTIFICA

 

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