Indígenas protestan en la AGU contra reglas de demarcación de tierras

Indígenas de los pueblos Kaingang, Terena, Kadiwéu, Kinikinau y Guaraní Mbya protestaron este miércoles en la sede de la Abogacía General de la Unión (AGU). Según el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), 90 indígenas participaron en el acto para exigir la revocación del dictamen de la AGU que creó nuevas reglas para demarcaciones de tierras indígenas. El acto es pacífico.

El dictamen, que tuvo aval del presidente Michel Temer, obliga a la administración pública a aplicar la tesis del marco temporal y las condicionantes establecidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) para la tierra indígena Raposa Serra do Sol – lo que, según el grupo, contradice decisiones del propio Supremo y restringe el derecho al reconocimiento de sus tierras tradicionales.

Los indígenas también argumentan que el marco temporal inviabiliza la demarcación de tierras que aún no han tenido sus procesos finalizados.

La asesoría de la AGU informó que los indígenas pidieron una audiencia y será recibido al final de la tarde por la abogada general de la Unión, ministra Grace Mendonça.

Policía federal comanda violencia en el desalojo de indígenas en Dourados

Usando la violencia, un oficial de la Justicia Federal, acompañado de policías federales y de la Fuerza Táctica de la Policía Militar, en la mañana de este martes (5/12), llevo a cabo una orden de desalojo contra al menos diez familias de indígenas Guaraní Kaiowá Dourados, incluyendo ancianos y niños. Los policías de la Fuerza Táctica de la PM fuertemente armados dispararon balas de goma y bombas contra los indígenas de la aldea Pindo Roky, integrantes de las reservas de Guapo’y y Jagua Piru, que ocupaban el área desde el año pasado.

Varios de los ocupantes quedaron muy heridos con disparos de balas de goma a corta distancia y tuvieron cortes profundos en los pies al correr de la agresión militar. Las fotos enviadas por líderes de varias partes del país muestran indígenas con heridas en los brazos, tórax y miembros inferiores. Las imágenes también muestran el rastro de destrucción dejado por la operación en el área ocupada, donde sólo se ven restos de barracones y restos de las bombas de gas esparcidos por el lugar de la ocupación, ubicada en la región norte de Dourados, a 233 km de Campo Grande (Mato Grosso Del sur).

El recurso contra el desalojo, de los abogados de la Funai y el procurador de la República Marco Antonio Delfino de Almeida sostienen que las tierras ocupadas por los indigenas serían extensión de la reserva Caarapó, en Dourados. De las 3,6 mil hectáreas del área indígena creada en 1917, sólo 3.539 fueron registrados en la oficina de inmuebles, 49 años después. Después del desalojo, los indígenas resistieron a la expulsión empuñando troncos en llamas con los que efectuaron el bloqueo del anillo frente al sitio, en el tramo entre la MS-156 y la BR-163.

En la orden judicial que determinó a la PF el cumplimiento de la reintegración de posesión, la Justicia Federal había mandado intimidar a la Funai enviando representantes para acompañar el desalojo. A pesar de ello, el coordinador de la Funai en Dourados, Fernando de Souza, no participó en la operación. “Muy triste y repugnante ver a los parientes siendo violentamente expulsados ​​de su territorio como invasores”, se manifestó el indígena Guaraní Roberto Mosanio. “Desgraciadamente esa es la realidad del país llamado Brasil”.

Esa es la segunda vez que los indígenas sufren desalojos en el mismo lugar. La primera ocurrió en octubre del año pasado, siete meses después de la ocupación. En julio de este año, los indígenas volvieron a ocupar el área, donde producían hortalizas y frutas. A pesar de las fotos, el abogado de los propietarios divulgó para los medios comerciales que los indigenas estaban saliendo pacíficamente de las tierras. Al contrario de lo que muestran las imágenes también, el representante de los granjeros declaró que las familias están desmontando ellas mismas los barracones. En una versión opuesta, durante todo el día, entidades de apoyo a los pueblos indígenas recibían peticiones de socorro para desplazarse al lugar del conflicto y apoyar la lucha de la comunidad guaraní Kaiowá.

La reintegración de posesión, expedida en noviembre con plazo de 90 días fue cumplida en tiempo récord. La justicia federal exigió al gobernador Reinaldo Azambuja que la decisión judicial fuera inmediatamente ejecutada. La propiedad cuestionada como reserva indígena pertenece formalmente a la agricultora Adelina Oshiro y se encuentra en la orilla del Anillo Vial, en el tramo entre la MS-156 y la BR-163. Otras seis propiedades, también ubicadas en la margen del Anillo Vial, carretera que separa barrios de la región norte de la reserva indígena local, siguen ocupadas desde marzo del año pasado. Los procesos están en la 2ª Vara Federal.

(Raquel Wandelli / Periodistas Libres con informaciones y fotos del Grupo Apoyo Guaraní)

 

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