Publicamos la traducción de tres noticias agrarias provenientes de Brasil, las cuales son de gran relevancia internacional por reflejar el desarrollo de la lucha de clases en el campo y cómo las masas populares hacen carne que la rebelión se justifica.

Puñetazo hasta el cuello

Ocho son los condenados por la muerte de secretario de subsección de la OAB-SC

Ocho de los nueve acusados ​​por la muerte del abogado Roberto Luís Caldart, secretario de la subsección de Palhoça (Santa Catarina) del Colegio de Abogados de Brasil, fueron condenados por la 1ª Vara Criminal de la comarca. En la sentencia, fueron reconocidos los crímenes de lesión corporal seguida de muerte, amenaza y ejercicio arbitrario por propias razones.

Caldart murió en mayo de 2016 cuando fue a atender a un cliente que lo llamó durante lo que sería una reintegración de posesión. En el lugar, al pedir la identificación de los hombres que se decían autoridades responsables de la reintegración, fue agredido.

Uno de los involucrados era policía militar y fue apuntado como responsable del golpe que mató al abogado, fue condenado a ocho años de prisión en régimen cerrado y dos meses y siete días de detención en el semiabierto.

También fue expulsado de la Policía Militar catarinense. Según la jueza Carolina Ranzolin Nerbas Fretta, él, por ser policía militar, “sabía de su deber legal de actuar contra arbitrariedades, pero, al contrario, se afilió al ilícito”.

Falsa reintegración de posesión

Caldart fue llamado por el dueño de un inmueble en Palhoça, después de que cinco policías militares, que no estaban en servicio de la corporación, se habían identificado como autoridades, uno de ellos se habría hecho pasar por oficial de Justicia, y afirmando que cumplían un mandamiento de reintegración.

La falsa reintegración habría sido armada después de que el dueño del inmueble vendiera la propiedad a una persona, pero no la entregara. Incluso sin la posesión del bien, el comprador la vendió a un tercero, que sería el responsable de contratar a los agresores del abogado.

La prisión preventiva de los sospechosos ya fue solicitada y aguarda autorización judicial. La condena fue dictada el 19 de diciembre de 2017. Según informaciones de la Asesoría de Prensa de la OAB-SC.

La empresa Ester quiere recuperar terreno y cobrar por eventuales daños

La empresa Ester espera retirar a las familias sin tierra de la ocupación en el Post-represa, Americana, “en el menor plazo posible”, informó ayer la abogada de la empresa, Mónica Malvezzi Rebechi. Más de 2 mil personas ocuparon el terreno de 5 hectáreas a finales de diciembre, cuando la empresa recurrió a la Justicia y recuperó la posesión. Los sin tierra, sin embargo, decidieron en una asamblea permanecer en el área.

El terreno es usado por la empresa Ester para la plantación de caña de azúcar. La abogada de la empresa, Mónica Malvezzi de Rebechi, dijo, por teléfono, que aguarda sólo una reunión con la Policía Militar (PM) para saber cuándo y cómo será hecha la reintegración. Según ella, se había plantado una nueva cosecha y que ahora estaría perdida. “La caña ya estaba creciendo, ahora estamos en período de entresuelo, pero vamos a tener que hacer un tratamiento en esas tierras y una nueva plantación”, explicó.

La abogada no supo precisar el costo del perjuicio de la empresa con la ocupación de las tierras desde el día 22 de diciembre. Según ella, eso viene siendo calculado por los profesionales del área agrícola. Pero adelantó que pretende cobrar a los responsables del campamento Roseli Nunes los eventuales daños sufridos.

Ubicación

Por su parte, los sin tierra muestran el registro de las tierras en la Oficina de Inmuebles que apunta parte del Sitio Boa Vista, donde están, en territorio estadounidense y como propiedad del entonces Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) y no está en las tierras usadas por la planta. En el lugar sólo había matorral.

La líder de comunicación de los sin tierra, Hannah Maravilha, dijo ayer a primera hora de la tarde que en asamblea el grupo decidió permanecer en el área y sólo salir de allí en caso de necesidad. Ellos ocuparon el área el 22 de diciembre. Al día siguiente, la empresa Ester obtuvo en la Justicia la reintegración de posesión. La decisión da plazo de 15 días para la contestación y 3 días para la desocupación pacífica. Como esto no ocurrió, si el caso no es revertido jurídicamente, la Justicia puede dar lugar a la reincorporación en cualquier momento.

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