LEGISLACIÓN COMO ARMA TERRORISTA

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Nos envían una colaboración para un necesario debate sobre el tema

Por, Gustavo Millaqueo Nahuelpán
Abogado ONG Defensoría Popular

Hablar de terrorismo en Chile, considerando la realidad europea, islámica o la de Latinoamérica resulta complejo, porque es en esas otras realidades donde el terrorismo muestra su verdadera cara: una estrategia masiva y sistemática de violación a derechos humanos fundamentales dirigida a destruir las bases de la democracia, y que constituye la esencia de todo terrorismo (Villegas)[1]

Este concepto casi demoníaco surge en el periodo “democrático” de los gobiernos de la Concertación de partidos por la democracia en el gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos Escobar para golpear duramente al movimiento mapuche autónoma que ya venía avanzando desde aquel acto de sabotaje a los camiones en Lumaco el año 1997.

Los gobiernos responden con una violencia solapada y cubierta por el manto de la “legalidad” amparados en lo que los sectores de la oligarquía demandan en los medios de comunicación al servicio del Poder , el Estado de Derecho , tan inexistente por cierto en una parte del País a juicio de un poder factico que tiene mucha influencia en la clase política , como lo es el Empresariado Latifundista de la Región de la Araucanía y parte de la Provincia de Arauco por la región del Bio Bio y también en la zona de Los Ríos .Y la respuesta es el Derecho Penal en su máxima expresión de un Estado Policial con una influencia o idea de aplicación de lo que en doctrina se conoce como el Derecho Penal del Enemigo el cual consiste en que se castiga o pena por lo que se es o se piensa ,contrario a un derecho penal de acto donde a usted lo castigan por lo que hacen y es el que prima en todos los Estados Democráticos de Derecho , pero en la mal denominada zonas rojas del “conflicto mapuche” se aplica un derecho penal del enemigo o subterráneo como diría Eugenio Zaffaroni , actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde su expresión se materializa en la invocación de la Ley Antiterrorista 18.314  la cual tiene su origen el año 1984 en la dictadura de Augusto Pinochet .

La ley 18.314 sobre conductas terroristas, ley de quórum calificado, fue creada en 1984, bajo el régimen militar en cumplimiento al mandato constitucional. En ella, la primitiva, se describían 16 conductas que eran consideradas terroristas, y que no tenían ninguna finalidad no característica especial, salvo en cuanto muchos de ellos hacían referencia a medios catastróficos, así como a infracciones de opinión (apología del terrorismo).[2]

La normativa antiterrorista chilena encuentra su norma madre en la Carta Fundamental, en cuyo art. 9 establece de forma clara y categórica que el terrorismo “es por esencia contrario a los derechos humanos” (art. 9), cuestión que en armonía con los tratados internacionales sobre la materia es posible de identificar, penalmente, con esa violación masiva y sistemática a derechos humanos fundamentales para alcanzar un fin que dice relación con las bases de sustentación del Estado de Derecho democrático.

De la norma constitucional se desprende que los delitos de terrorismo son losmás graves dentro de la legislación penal democrática. Por esta razón, dice la Carta Fundamental, la ley que regule esta clase de conductas debe tener un quórum especial para ser aprobada en el parlamento (quórum calificado); y establece por si misma las penas accesorias, las que son gravisimas: se pierde el derecho a sufragio (art. 16 Constitución Política Republica), y el condenado por estos delitos es inhabilitado por el plazo de quince anos para el ejercicio de una serie de derechos y funciones: cargos de elección popular, labores de enseñanza en establecimientos educacionales y medios de comunicación social, ser dirigente de junta de vecinos, de sindicato, asociaciones gremiales, profesionales, empresariales, estudiantiles (art. 9 de la Constitución Política Republica ). Además, el condenado por delitos de terrorismo pierde la calidad de ciudadano (art. 17 CPR).[3]

En esta ocasión nos centraremos en la instrumentalización de esta norma de excepción y poder visualizar como ha sido mal utilizada por el Ministerio Publico, organismo encargado de la persecución penal y de su “hermano pobre” el querellante gobierno de Chile. En cuanto a los aspectos procesales, que son seguramente el punto álgido en las legislaciones antiterroristas, en la nuestra, por mandato constitucional se amplían los plazos de detención en manos de la policía (10 días en casos de terrorismo, hasta 72 horas en cualquier otro caso) y se refuerza el instituto de la prisión preventiva mediante una restricción constitucional en torno a la libertad provisional en materia de terrorismo, y que se traduce en que la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por estos delitos debe ser conocida por el tribunal superior jerárquico, integrado exclusivamente por miembros titulares, y que además la resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Éste es el caso de la Machi Francisca Linconao quien en varias ocasiones solicitando una revisión de cautelares a través de su defensa, solicitando que el juzgado de garantía accediera a cambiar la prisión preventiva a un arresto domiciliario total o parcial, este último accediendo a cambiar la cautelar alegada, el Ministerio Publico apelaba y la Corte de Apelaciones de Temuco también confirmaba la resolución del tribunal de garantía pero al no ser por unanimidad ella debía volver a la cárcel.

Las defensas que han podido llevar estas causas desde el inicio de la Reforma Procesal Penal , han podido ver que la instrumentalización de la prisión preventiva solo tiene un objetivo de amedrentar a las comunidades y a sus dirigentes quienes se ven privados de libertad mientras dura la investigación por más de un año en la mayoría de los casos , teniendo como antecedente a los peñi del caso iglesia quienes estuvieron casi dos años en prisión preventiva, acreditándose respecto de dos de los acusados su absoluta inocencia.

Existe además la posibilidad de intervenir comunicaciones, sin conocimiento del afectado, mediando resolución judicial, como es clásico en este tipo de legislaciones, así como el uso de testigos con reserva de identidad. Este ultimo instituto fue reformado el año pasado, fortaleciéndolo mediante la introducción de una norma que establece que la defensa puede interrogar al testigo o perito para poder establecer su credibilidad o acreditación y esclarecer los hechos sobre los cuales depone, pero con una restricción y es que “las preguntas no impliquen un riesgo de revelar su identidad”.

Esta posibilidad de contrainterrogar a los testigos con reserva de identidad ya existía en la ley de conductas terroristas, conforme a la normativa procesal penal común, pues, en silencio de la ley de conductas terroristas se aplica supletoriamente la normativa procesal penal común (art. 308 CPP). Por tanto, la reforma no innova en este punto. En lo que si innova es en restringir el cómo se hace el contrainterrogatorio impidiendo expresamente la posibilidad de hacer preguntas que impliquen poder revelar la identidad del testigo, con lo cual los criterios de imparcialidad del testimonio quedan en serio entredicho: no sabemos cuáles son las razones que pudiera tener ese testigo para declarar en tal o cual sentido, pudiera tener interés directo en el juicio, o especial interés en perjudicar al imputado a fin de obtener algún beneficio (caso del testigo que es un verdadero coimputado), o estar simplemente coaccionado.

La ley nada expresa respecto de las situaciones en que se autoriza la provisión de fondos a estos testigos para su protección, a fin de que estas no se perpetúen en el tiempo, y que es una de las cuestiones que ha contribuido a erosionar la credibilidad de este medio probatorio. Hace unos años atrás una defensora penal pública fue formalizada por el delito de desacato ante el Juzgado de Garantía de Temuco, por haber revelado a la prensa un oficio en el que constaban las cuantiosas sumas de dinero que el Ministerio Publico gastaba en testigos protegidos.

El uso de testigos protegidos genera efectos sobre la vigencia de la presunción de inocencia, así como un serio enfrentamiento con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (art. 14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), ambos tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. La Comisión Interamericana de DD.HH. en su Informe sobre terrorismo y derechos humanos de octubre 2002 señalo que el derecho a examinar testigos puede restringirse en situaciones limitadas, pero las vulnerabilidades de los testigos “nunca pueden servir de base para comprometer la protección inderogable del acusado al debido proceso y cada situación debe ser detenidamente evaluada en sus propios méritos dentro del contexto del sistema judicial particular de que se trate”.

En esta misma línea la reforma contiene un beneficio de exención de responsabilidad penal para el terrorista que desistiere de la tentativa de cometer algunos de los delitos previstos en esta ley, siempre que revele a la autoridad su plan y las circunstancias del mismo, una norma aparte de la ya existente que establece beneficios para el terrorista arrepentido, pudiendo rebajarse la pena hasta en dos grados (art. 4).Es del caso de Raúl Castro Antipan , un infiltrado de Carabineros y que ha sido en lo que lleva la historia judicial de mapuche sometidos a proceso , como el único condenado por esta norma especial –el único ,infiltrado de carabineros condenado-

El bien jurídico protegido: pareciera que lo que la ley antiterrorista protege en la praxis del derecho adjetivo es más bien la propiedad privada que cualquier otro bien jurídico como podría ser la vida o la seguridad pública.

Sobre los bienes jurídicos protegidos, la propiedad privada particular sigue protegiéndose sin ninguna variación a través de la ley de conductas terroristas. En este sentido la reforma que se hizo a los delitos de incendio terrorista, si bien impide que el juez pueda aumentar la pena hasta en tres grados (nunca ocurrió así en la jurisprudencia, generalmente el aumento de pena era en un grado pues ya con ese aumento quedaba lo suficientemente grave), las penas siguen siendo las mismas. Concretamente el incendio de bosques pastizales (de frecuente ocurrencia en casos mapuche) tiene pena mínima en el Código Penal de 5 años y 1 día de privación de libertad (art. 476 N° 3 del Código Penal). Aumentada en un grado queda en 10 años y un día. Así era antes de la reforma, y sigue siendo igual con ella pues si bien aplica las penas del CP, señala expresamente que en esta clase de incendios (pastizales, etc.) no se puede aplicar la pena de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, la pena mínima para el incendio terrorista sigue siendo de 10 años y un día de presidio.

Hay que hacer presente que durante la discusión parlamentaria se presentó una indicación a objeto de incorporar una norma que limitara la protección de la propiedad privada, en los términos del Convenio para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas, esto es, se protege la propiedad mediante la normativa antiterrorista, cuando se ataca su función social. Se destacó además que en aquellos casos en los que existen legislaciones que protegen la propiedad privada mediante este tipo de delitos, existen otra clase de restricciones en los tipos penales de terrorismo que determinan que no cualquiera pueda ser terrorista (ej., finalidad política, necesidad de la pertenencia a una organización o grupo terrorista), y que en los casos de terrorismo individual, también duramente criticados por la mayor parte de la doctrina, de todas formas la finalidad política establece al menos una valla.

Se rechazó esta indicación, bajo el argumento que los incendios no son “delitos contra la propiedad”, sino “delitos de peligro para la seguridad de personas”, y que por ende, debían estar en la ley de conductas terroristas, obviando que es precisamente por esta circunstancia que los incendios en la legislación penal común tienen una pena tan alta (incendio de pastizal tiene pena mínima de 5 años y un día, sin derecho o beneficio para el imputado que suponga el cumplimiento de la pena en libertad).

No es el peligro para las personas unido a los efectos o resultados de alarma pública los que definen una conducta como terrorista, sino la finalidad de destruir la democracia atentando sistemática y masivamente contra derechos humanos fundamentales.

Entonces, actualmente el concepto de terrorismo gira en torno a solo dos ejes:

  1. Un elemento teleológico, relativo a la finalidad de causar temor, más bien, los efectos o resultados de alarma pública que pueda producir la conducta.
  2. b) Para atentar contra bienes jurídicos colectivos (seguridad pública y orden público) e individuales-, vida, salud, integridad física, libertad, propiedad.[4]

Volviendo a la actualidad, el gobierno entrante ha hecho anuncios en lo que respecta a indicaciones a la legislación especial cuestión que solo tiene por objeto hacer populismo penal, ya que en la práctica las ya variadas modificaciones a esta normativa solo ha traído problemas de aplicación para los operadores ya sean jueces y fiscales.

El objeto de realizar anuncios ante la prensa solo busca generar un efecto comunicacional y responder a un sector de la población y seguir estigmatizando al movimiento mapuche ,dejando de lado lo central , que no es la delincuencia o violencia rural como le denomina ,sino que es la lucha por la tierra , la lucha por la recuperación del territorio en su sentido amplio soberanamente político .Pero como esta palabras incomodan a la oligarquía terrateniente se tiene que gatillar el pestillo de las legislaciones más rigurosas ,cosa que así se amedrente a sectores más vulnerables de la población , a ese otro, a ese enemigo .

La respuesta afortunadamente en un Estado Democrático de Derecho , es que hay un Poder del Estado independiente que ante la invocación de esta norma ha sabido ajustar su razonamiento a Derecho , descartando en todos los casos donde Mapuche han sido imputados y acusados de Terroristas , casi a la usanza española o islámica.

Es por todo lo anterior que la solución a conflictos sociales no es el derecho penal, es más, a iniciar todo estudiante de derecho el curso se le enseña que el derecho penal es la última ratio –la última razón – y aquí coloquialmente “el sartén por el mango” es la diplomacia política entre un Estado intransigente y un Pueblo en resistencia.

[1] Balmaceda Hoyos. Manual  de Derecho Penal Parte Especial. Editorial Librotecnia 2014 . Capitulo redactado por Myrna Villegas, académica de la Universidad de Chile. P 509

[2] Ibíd. P 510

[3] Ibid. P 509

[4] Ibid. P 514-515

2 COMENTARIOS

  1. MAYO ROJO!!!!
Somos comunistas!!!, somos pensamiento Gonzalo!!!, somos MLM principalmente maoístas!!!. Estamos hechos de roca!!!, estamos hechos de acero!!!, estamos hechos de hierro!!!, somos inquebrantables!!!, somos rojos hasta el fin del comunismo!!!.No vacilaremos somos contundentes!!!, somos demoledores y aplastaremos sin piedad!!!, ¨EL PODER NACE DEL FUSIL¨ Mao. Combatiremos a sangre y fuego a todas las expresiones revisionistas u oportunistas que se van como animales desbocados contra el pensamiento Gonzalo y la militarización de los partidos maoístas, buscando con ello confundir y manipular a las masas proletarias para que no hagan la revolución comunista y sólo se haga a medias para que estos falsos comunistas maoístas lleguen al poder a disfrutar sus vidas como nuevos burgueses opresores y explotadores, experiencias hay a granel. La ofensiva imperialista principalmente yankkki en su estrategia de dominar el mundo promueve la movilización de pueblos colonizados gracias al trabajo de los revisionistas y oportunistas, el desprestigio que han logrado hacer contra la revolución comunista caldo de cultivo para reacción haciendo que los pueblos no vean su propia salida liberadora sino que su situación esta en manos de otros explotadores abiertos verdugos que se camuflan en lenguajes populistas y seudo revolucionarios.
    La gran ola maoísta mundial tiene duras e implacables tareas para arreciar contra toda esa basura y lograr componer la conciencia del proletariado hacia su compromiso histórico: la revolución comunista MLM principalmente maoísta con partidos militarizados y el pensamiento Gonzalo con clara definición de la luchas de clases y la dictadura del proletariado, SALVO EL PODER LO DEMAS ES ILUSION.Lenin. No cederemos un ápice en la aplicación de la ciencia del MLM pensamiento Gonzalo, seremos implacables, con el partido y la masa al mando y la poderosa guerra popular desbrozando camino al dorado comunismo.

    Gloria al todo poderoso pensamiento Gonzalo!!!
    Tomado de combatir y resistir.

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