Por la unidad de Acción del Movimiento Sindical Brasileño

Nota de Periódico El Pueblo:

Ofrecemos a nuestros lectores la traducción del documento elaborado por el Sindicato de los Trabajadores en la Industria de la Construcción de Belo Horizonte (Marreta) y la Liga Operária (Liga Obrera), ya que describe al gobierno reaccionario de Bolsonaro y propone el camino de lucha para la clase obrera y los trabajadores. Tenemos la certeza que es un aporte a quienes buscar guiar sus luchas por una línea clasista y combativa.

Todas las notas son nuestras, con el único fin de hacer comprensible el texto a quienes no están familiarizados con hechos más específicos de la lucha de clases en Brasil.

Proposición del Sindicato de los Trabajadores en la Industria de la Construcción de Belo Horizonte (MARRETA) y la Liga Operária por la de unidad de acción del movimiento sindical brasileño:

¡POR LA HUELGA GENERAL DE RESISTENCIA NACIONAL!

Introducción

Primera medida del gobierno de Bolsonaro: menos de 8 reales en el salario mínimo

El primer acto del gobierno de Bolsonaro no podría ser más emblemático: redujo el valor del ya miserable salario mínimo. Rebajó 8 reales del salario mínimo, remuneración de 67 millones de trabajadores y trabajadoras del país. Son millones de familias de brasileños pobres golpeados de forma cobarde por el gobierno. Cumpliendo sus promesas de campaña y que siempre fue su predicación, Bolsonaro inauguró su gobierno declarando una guerra total al pueblo, al que siempre trató como lleno de derechos y de pocos deberes. Bolsonaro siempre fue un anti-obrero, se enorgullece de haber sido el único en votar contra el derecho de las empleadas domésticas a tener cartera firmada [1]. Ya como presidente, atacó el artículo 7 de la Constitución Federal (que trata de los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad) y defiende que se implante en el país una relación de empleo: “lo más próxima posible a la informalidad”. Esto se traduce en la desesperación de decenas de millones de brasileños desempleados y como adulador de la patronal, tuvo el descaro de decir que si el trabajador ya tiene el empleo, no tiene que reclamar derechos.

Queda muy claro por qué la desigualdad salarial y la concentración de ingresos y de riqueza sólo aumentan en el país: mientras son golpeados estos 8 reales del salario mínimo, los ministros del STF [2] aumentaron sus salarios, con aval del Congreso y del gobierno federal, en $39.300 reales brasileños, lo que será extendido a los funcionarios del alto rango del poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Ataque a los derechos de los trabajadores ya vienen de los últimos gobiernos

Con el ambiente reaccionario que domina el país y el mundo, la escalada de ataques a los derechos de los trabajadores ya está en curso desde los últimos gobiernos. Y culminó con la llamada “reforma” laborista de Temer, en noviembre de 2017. Este fue el más duro golpe recibido por la clase contra sus derechos duramente conquistados en décadas de lucha. Con el fin del principio del “derecho adquirido”, el cual garantizaba que las conquistas obtenidas por la clase en las campañas salariales conducidas por los sindicatos de trabajadores y consignadas en las convenciones colectivas eran inviolables, las leyes laborales pasaron a ser letra muerta de un día para otro. La tercerización en las actividades finales, aprobada por el STF, legaliza todos los mecanismos adoptados por la patronal, que atacan el Artículo 7 Constitucional, para el absurdo descenso de los salarios. El ataque sistemático al derecho de organización sindical por el debilitamiento financiero de los sindicatos es un intento de debilitar la resistencia de la clase en la lucha por sus derechos. Toda gritería en torno a la “seguridad jurídica”, particularmente reclamada por las transnacionales instaladas en el país, llevó a la aprobación del criminal principio de que el “negociado prevalece sobre el legislado”.

O sea, un derecho consagrado en ley, deja de tener validez si la decisión que lo contradice es fijada por acuerdo en negociación entre patrón-empleado. Esto es camino abierto para el retroceso de los más elementales derechos de los trabajadores, más estímulo para corromper su representación sindical y permisividad a la patronal de las prácticas de todo tipo de chantajes y maniobras para aumentar la explotación y abusos sobre los trabajadores. En la práctica, el trabajador está hoy impedido de reclamar, por las altas tasas cobradas, y para consolidar la situación de total precariedad, se maquina el fin de la justicia del trabajo.

Barrer la “reforma de la previsión”

La “reforma de la previsión” que está siendo tramada por el gobierno es para liquidar de una vez con la Previsión Social, forzando a los trabajadores a pagar la previsión privada, atendiendo a la exigencia de los banqueros. Hablan del desgaste de la previsión, pero no dicen una línea sobre el dinero de los tributos establecidos para financiar las jubilaciones extraviadas para pagar intereses a los banqueros. Quieren arrebatar la jubilación y la pensión de los pobres que ganan la miseria del salario mínimo y mantener intocables los privilegios indecentes de esta corte de marajás (príncipes) del alto escalafón del servicio público, que reciben salarios de más de 30 mil reales, jubilan con 50 años, acumulando promociones y ventajas salariales, mientras que a los trabajadores se aplica la reducción de remuneración por el famoso “Factor Previsional”.

En Chile, que es modelo para el actual gobierno, con la liquidación de la Seguridad Social pública, después de 35 años de contribución a la previsión privada, los trabajadores están jubilando con medio salario mínimo.

Además de atacar a la Seguridad Social, el Gobierno de Bolsonaro, tutelado por el alto comando de las Fuerzas Armadas, va a sacar recursos de la asistencia social, de la educación, de la salud y va a imponer una mayor militarización de los lugares donde vive el pueblo, con el consiguiente aumento de la represión y genocidio de los pobres.

Segunda medida del gobierno Bolsonaro:

Ninguna tierra para campesinos pobres, indígenas y quilombolas

El segundo decreto del gobierno de Bolsonaro fue pasar al Ministerio de Agricultura la competencia de decidir sobre las cuestiones agrarias, con el objetivo de liquidar cualquier política de reforma agraria, así como también de reconocimiento y homologación de tierras indígenas y quilombolas [3], más allá de cuidar de los bosques y fiscalizar la deforestación en el país. Como se dice, colocó al zorro para cuidar del gallinero. En Brasil ya es más que sabido, pero ocultado, que los grandes propietarios de tierra, los terratenientes son grileiros [4] y ladrones de tierras públicas. Con el apoyo de la policía y la justicia, invaden tierras públicas, degradan el medio natural, expulsan a ocupantes, toman tierra de los pequeños y medianos propietarios, invaden tierras indígenas y quilombolas, persiguiendo, torturando y asesinando a los pobres del campo. Con este decreto, el gobierno da riendas sueltas a la furia de los terratenientes, que siempre cuentan con la protección de los órganos del viejo Estado. Al mismo tiempo que profundiza la criminalización de los movimientos y organizaciones de campesinos que luchan por la tierra.

¡No es tragedia, es crimen!

Vale S.A. y gobierno repiten en Brumadinho el crimen de Mariana [5]

Las mineras y los terratenientes son privilegiados instrumentos del imperialismo, además de los bancos y transnacionales instaladas en el país, para el saqueo de sus riquezas naturales. Brasil, como país semicolonial que es, cumple cada vez más el papel de productor y exportador de materias primas para las potencias imperialistas del mundo. La red Globo (monopolio de prensa, nota EP), con su “agro, la industria-riqueza de Brasil” es la exaltación de esto. Las clases dominantes locales (la gran burguesía, en sus fracciones compradora y burocrática, junto al latifundio) y sus gobernantes de turno aplican la política de subyugación nacional. En esencia es la política aplicada, de forma creciente, desde la implantación del régimen militar en 1964, pasando por todos los gobiernos electos de los diferentes partidos hasta llegar al actual presidente, que no se cansa de declarar su condición de lacayo del imperialismo yanqui.

Los crímenes ambientales y el verdadero asesinato de trabajadores, pequeños sitiantes y residentes en las proximidades de las represas, como ocurrió ahora en Brumadinho [6], es el resultado de la voracidad con la que se saquean las riquezas minerales del país. Como depredadores, ellos quieren arrancar todo en el menor tiempo y al menor costo posible, dañando a la población y el medio natural. Quienes luchan contra estos crímenes son llamados “ambientalistas chiítas” por Bolsonaro y su gobierno, tutelado por el alto mando de las FF.AA. Es parte de su programa de gobierno liberar más rápido las licencias ambientales para el apetito de las mineras, además de abolir cualquier fiscalización sobre las grandes empresas. Para el nuevo gobierno serán ellas mismas quienes se encargarán de fiscalizar su producción.

Por eso es repugnante ver el cinismo del presidente de la compañía Vale S.A., con cara compungida, hablando del pesar por las muertes en Brumadinho o la imprudencia de las autoridades gubernamentales hablar en rigor en las investigaciones. ¡Canallas! Nadie fue castigado hasta hoy por los crímenes de Mariana, el nuevo gobierno siempre habló de disminuir el control y fiscalización sobre las empresas. El actual gobernador, Zema, en su campaña decía que era un absurdo que las mineras quedaran diez años esperando permiso ambiental, siendo impedidas de producir. Allí está otro crimen verdaderamente hediondo. Todos los habitantes de la región afectada denuncian el desprecio que Vale S.A. siempre tuvo por las quejas que hacen de las actividades de la empresa. En resumen, “siempre habla más alto el dinero”.

Y para no dejar dudas de su condición de capataz de los yanquis, el presidente electo, como “gran” patriota, se apresuró a defender que parte del territorio nacional se les diera a los yanquis para implantar una base militar de su ejército sanguinario.

Por la unidad de acción del movimiento sindical:

Preparar la huelga general de resistencia nacional

Todavía está viva en la memoria de todos la huelga de los camioneros como una demostración cabal del poder de la unión de los trabajadores. Aquel vigoroso movimiento paró Brasil y recibió amplio apoyo de la población brasileña, evidenciando la justeza de sus reivindicaciones y la revuelta del pueblo contra los abusos que sufre y los abusos en el país. Aquel era el momento para que el movimiento sindical se uniera con la explosión de una huelga general que podría haber echado abajo la “reforma” laboral de Temer y haber dado otro rumbo a la situación política del país. Pero una parte del movimiento sindical, algunos representantes del sindicalismo neo-pelego [7] (neo-oportunista), acusó al movimiento de los camioneros de ser un puro “armazón de la derecha”, epíteto que lanzan a todo lo que no es de su iniciativa.

Frente a las medidas ya implementadas o anunciadas por el nuevo gobierno, los trabajadores de la ciudad y del campo están desafiados a una lucha sin cuartel de resistencia nacional en defensa de sus derechos e intereses inmediatos, económicos, sociales, políticos y culturales, a través de la movilización permanente por establecer un programa de luchas, para lo cual se hace necesario un plan de unidad de acción.

El Sindicato de los Trabajadores en la Industria de la Construcción de BH y Región – MARRETA y la Liga Operária proponen al movimiento sindical, la realización de plenarios sindicales y asambleas de trabajadores para el debate sobre el siguiente programa y plan de unidad de acción:

1) PREPARAR LA HUELGA GENERAL DE RESISTENCIA NACIONAL

  • Por la revocación de la “reforma laboral”;
  • Contra la “reforma de la previsión”;
  • Tierra para quien en ella vive y trabaja;
  • Contra las medidas anti pueblo y vende-patria;
  • En defensa del derecho a huelga y la libertad de manifestación y organización;
  • Contra la intervención militar y represión a los pobres de la ciudad y el campo.

2) Constituir plenarios de entidades sindicales y organizaciones del movimiento campesino por Estados y municipios, como formas de movilización, lucha y para crear comandos municipales y estaduales y, a partir de ellos, elegir un comando nacional para dirigir la huelga general.

Belo Horizonte, 29 de enero de 2019


[1] En Brasil existe la cartera de trabajo, que es un documento obligatorio para prestar servicios asalariados en la industria, comercio, agricultura, labores pecuarias y domésticas. Las empleadas no estaban reconocidas como trabajadoras asalariadas, cuestión que se modificó hace unos años. La Cartera permite la exigencia de los derechos laborales: vacaciones, maternidad, etc.

[2] Supremo Tribunal Federal, es el análogo del Tribunal Constitucional en Chile. Al igual que en nuestro país actúa como una verdadera “tercera cámara”, representando los intereses de los sectores dominantes más rancios y reaccionarios.

[3] Comunidades formadas por esclavos que escaparon del latifundio esclavista.

[4] Mecanismo de los latifundistas de Brasil para robar tierras a campesinos, aduciendo tener un título de propiedad muy antiguo, pero que fue roído por los grillos.

[5] Uno de los peores desastres ambientales de Brasil ocurrió el 2015, cuando colapsó un embalse de residuos mineros, propiedad de los monopolios imperialistas Vale S.A. (Compañía Vale do Rio Doce) y BHP Biliton.

[6] “El 25 de enero de 2019, la represa de la compañía minera Vale se rompió derramando cerca de un millón de metros cúbicos de lodo sobre los empleados y los habitantes que se encontraban en la parte baja. El balance es de al menos 120 muertos y alrededor de 200 desaparecidos. Los brasileños se encuentran agobiados por la preocupación, en el país hay cerca de 790 empresas mineras y muchas cuentan con poblaciones enteras ubicadas debajo de sus represas.” Fuente France 24.

[7] Conciliador con el patrón. Traidor a la clase.

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