Activa solidaridad en medio de la protesta. Imagen: fuente desconocida

Dos líneas en pugna:

Situación política, edición n° 87 (diciembre, 2019) de Periódico El Pueblo

Por más de 40 días nuestro pueblo viene mostrando con bravura que ya no está dispuesto a seguir siendo gobernado como lo había sido hasta ahora. Han sido gloriosas jornadas que vienen mostrando con claridad que el destino del país se desenvuelve en pugna entre dos caminos distintos y opuestos, dos luchas con propósitos diferentes y antagónicos, que no pueden coexistir en armonía.

El camino del pueblo

Durante seis semanas las protestas se han mantenido en el país sin conseguir ser aplacadas por la represión. Por el contrario, día a día se va alcanzando una mejor organización de la protesta, se crean formas nuevas y creativas de lucha basadas en la decisión de nunca volver a la misma situación anterior, latente convicción de que que nunca nada ha obtenido de beneficioso el pueblo por voluntad de los gobernantes, sino que todo se ha conquistado por medio de luchas.

A pesar del esfuerzo sistemático de los medios de comunicación monopólicos por atemorizar a la población de participar en la protesta y desviar el foco de atención hacia los saqueos y el ‘vandalismo’, la profunda justeza de las demandas populares mantiene el impulso de la lucha en todo el país, manteniéndose las grandes concentraciones y marchas en las principales avenidas de ciudades y pueblos, pero también las innumerables concentraciones pequeñas con cortes de calles en los barrios y poblaciones, a la vez que se crean formas nuevas de protesta.

En las concentraciones de masas se prueban continuamente nuevas formas de manifestación y de combate a la represión, a la vez que se mejora la organización y se generalizan aquellas formas que mejor han funcionado. Cada vez son más numerosos los grupos que se organizan para apoyar la protesta distribuyendo agua y comida en medio de las manifestaciones, para asistir a los que son afectados por los gases lacrimógenos y para dar apoyo médico a los heridos. Allí también se viene reconociendo crecientemente la importancia de la autodefensa, de la ‘primera linea’ que sirve a contener el avance de la represión de Carabineros hacia la masa que participa con cacerolas y pancartas, y se ha aprendido a emplear formas de lucha aplicadas en las protestas de lugares tan lejanos como Hong Kong.

Otras variadas y creativas formas de lucha de la masa han incluido el trasladar la protesta hacia los barrios acomodados de la capital y sus zonas de veraneo en Reñaca, despertando el mayor espanto y odio de parte de elementos de la gran burguesía, quienes incluso han respondido con armas de fuego contra los manifestantes. Grandes grupos de ciclistas se han concentrado en las residencias de las autoridades de gobierno, y numerosos grupos de personas se organizan para esperarlos y ‘funarlos’ en sus actividades públicas, complicando a sus dispositivos de seguridad. Los grandes centros comerciales ubicados en el barrio alto de Santiago se han convertido también en blancos de la protesta, especialmente el edificio Costanera Center, el más alto de América Latina y símbolo del poder económico del monopolista del retail Horst Paullman, debiendo mantener un resguardo policial permanente.

La rabia del pueblo se dirige también hacia los símbolos históricos del viejo Estado: las estatuas de los conquistadores, sus ‘heroes’ de la guerra de 1879 y los generales invasores de La Araucanía han sido derribadas de las plazas y avenidas. En su lugar, el pueblo construye a sus propios héroes y levanta sus himnos: “El baile de los que sobran” y “El pueblo unido jamás será vencido” unifican a quienes han sido pisoteados toda su vida, mientras las figuras del perro Negro Matapacos y los combatientes de la ‘primera línea’ han sido convertidos en íconos que representan el desinterés y espíritu de lucha, inspirando el trabajo de numerosos artistas que se han comprometido con la lucha popular, contribuyendo a elevar la moral y la disposición a seguir peleando.

Para combatir la desinformación y las mentiras vertidas por la prensa reaccionaria, las masas han aprendido incluso a utilizar hasta a los mismos canales de televisión, aprovechando los despachos en directo para irrumpir con acciones de protesta, levantar denuncias y expresar los agravios a que son sometidas. Son también numerosos los fotógrafos y medios independientes que se han dispuesto a documentar la protesta, difundir las acciones y denunciar la brutal represión estatal. En su trabajo vienen aprendiendo a cuidar la identidad de quienes participan en las acciones que sobrepasan la legalidad y a la vez cuidar su propia actividad de la represión, advertidos por los crecientes ataques y persecución a medios populares.

Son precisamente las formas de protesta que soprepasan la legalidad las que se vienen generalizando y han levantado la mayor alerta para el gobierno. Los cortes de calles con barricadas y el enfrentamiento directo a la represión se han multiplicado en tal magnitud que el gobierno ha impulsado con urgencia nuevos proyectos de ley ‘anti-encapuchados’, ‘anti-barricadas’ y ‘anti-saqueos’, además de una ley que permita utilizar militares para la ‘protección de la infraestructura crítica’ sin necesidad de requerir a un estado de emergencia, mostrando un gobierno ágil para dictar leyes opresivas, pero no para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

El sentir de las masas que participan en la protesta es que ningún cambio será posible respetando estas leyes injustas, así como ningún cambio profundo en la historia se ha hecho por voluntad de los gobernantes; todo se ha conquistado con lucha.

Considerando que las medidas del gobierno para atender a las demandas populares son muy insuficientes, los estudiantes secundarios y universitarios de Santiago han reanudado las evasiones al Metro que iniciaron la revuelta a mediados de octubre y han extendido la protesta con paros y tomas de colegios, universidades e institutos profesionales. Además de las universidades tradicionales, se han sumado jóvenes que por primera vez construyen organizaciones estudiantiles, especialmente en instituciones privadas como Inacap, Duoc o IPChile, que concentran al mayor número de estudiantes en jornadas vespertinas, pues por el día deben trabajar para pagar sus estudios.

Es la protesta violenta la que más preocupa al gobierno, precisamente porque son cada vez más numerosas las masas que participan de ésta. Especialmente en las ciudades de regiones, donde la protesta violenta se ha desenvuelto hacia los símbolos del poder político y económico: ataques a las municipalidades y gobernaciones suman varias decenas, también los ataques a sedes de partidos políticos y se registran ataques a más de 260 comisarías y puestos policiales. También han golpeado al Estado los ataques a cuarteles militares, destacado el ataque al regimiento de Tejas Verdes, con su infame historia de ser el principal centro de tortura y escuela de torturadores durante el período de  la Junta Militar Fascista de Pinochet.

Las protestas mediante cortes de rutas se han hecho comunes también en ciudades pequeñas y pueblos, sumándose a éstas la destrucción de un gran número de portales de peaje en las carreteras.

Antofagasta ha mostrado especial ímpetu en el desarrollo de la protesta violenta. Es la ciudad donde la actividad extractiva de la gran minería del cobre produce el ingreso per cápita más elevado del país, y por lo mismo es allí donde la desigualdad resulta más brutal, levantándose la protesta desde las poblaciones donde viven las masas más pobres.

Y aunque las luchas actuales se están desenvolviendo principalmente en las ciudades, el campo viene igualmente elevando sus formas de lucha y organización. Destaca entre las acciones la toma de un pozo de agua de la minera imperialista Anglo American por parte de los habitantes de El Melón, exigiendo el cese de la extracción desmedida de las aguas subterráneas de la localidad. Es una acción de nuevo tipo, que aplica la fuerza de la organización de las masas para exigir la mejora inmediata de los graves problemas que le aquejan.

En el ascenso sostenido de la protesta popular que se viene observando desde la década de 1990 en el campo -especialmente en la zona mapuche- y desde el 2000 en las ciudades, estas últimas seis semanas han significado un impulso hasta un nuevo nivel. Incluso las centrales gremiales y sindicales han podido alcanzar un nuevo nivel a pesar de la dirección oportunista enquistada en su interior. El paro nacional del 12 de noviembre consiguió efectivamente detener la actividad productiva del país, mostrando lo que se podría hacer con organizaciones verdaderamente clasistas.

Este ascenso en la lucha de masas va desenvolviendo el camino del pueblo, que podrá dar nuevos saltos en la medida que se avance en formas más elevadas de organización y que se encaminen hacia la unidad del campo y ciudad en el camino de la revolución de nueva democracia para Chile, barran con las ilusiones electorales y constitucionales y arranquen conquistas efectivas para el mejoramiento de las condiciones de vida para las grandes masas de nuestro pueblo.

Imagen: Reuters.

El camino de la reacción

Por su parte, el gobierno pugna por terminar con la revuelta popular sin conceder ninguna de las sentidas reivindicaciones de las masas, obstinado en defender los privilegios que el Estado de Chile, mediante todas sus leyes e instituciones, garantiza a los dueños del gran capital.

La revuelta ha tocado importantes nervios del capitalismo burocrático, agudizando su crisis general. A mediados de noviembre, las protestas sostenidas ya habían desbaratado los planes de gobierno de presentar al país como un ‘oasis’ frente a las conferencias imperialistas del APEC y la COP25, y las cifras macroeconómicas de inversión extranjera, producción e intercambio ya venían desplomándose, así como ya ocurría con las bolsas y con el peso chileno, exigiendo del gobierno medidas más profundas para tratar de salvar la situación.

Un gobierno y un sistema político fracasados no tiene nada que ofrecer al pueblo sino represión, y eso es precisamente lo que Piñera ha hecho. El estado de excepción y el toque de queda fracasaron en aplacar la protesta, no han conseguido éxitos en su agenda comunicacional para atemorizar a la población y oponer a masas contra masas y la represión sostenida de Carabineros no ha aplacado la protesta popular, aún cuando al 30 de noviembre las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabilizan que más de 8 mil personas han sido detenidas, entre las cuales hay 961 menores de edad, casi 300 personas con pérdida de visión y más de 500 denuncias de lesiones graves, tortura y violencia sexual a lo largo del país, además de las 26 muertes documentadas.

Las cifras de la represión han sido bien documentadas en informes de organismos internacionales de derechos humanos, tanto de Amnistía Internacional como de Human Rigths Watch, sin que esto haya significado ninguna mejora en la situación de las masas. El primer informe fue rechazado cabalmente de parte del gobierno al denunciar su responsabilidad y la de los altos mandos, mientras el segundo informe fue rápidamente ‘acogido’ al tratar principalmente de responsabilidades administrativas y ‘sugerir’ la reestructuración de las policías, cuestión que fue respondida con el anuncio de los acuerdos de cooperación con la policía de España, Francia e Inglaterra, como parte de un proyecto de 96 millones de dólares -financiado en un 50% por el Banco Interamericano del Desarrollo- que ya había sido otorgado a inicios del mes de noviembre para este mismo propósito. Así, una vez más, el Estado de Chile -garante de los intereses de la gran burguesía, los terratenientes y el imperialismo- levanta millonarios negocios sobre la sangre de nuestros caídos.

La ‘recuperación de la paz y el orden público’ es precisamente la mayor exigencia del momento para el desarrollo de todos sus negocios. Por lo mismo, el gobierno ha insistido en varias medidas inmediatas que se centran en incrementar la represión mediante varios mecanismos: los proyectos de ley que incrementan las penas por el uso de capuchas y levantar barricadas; el proyecto de ley para emplear militares en el resguardo de ‘infraestructura estratégica’ sin necesidad de acudir al estado de emergencia; el incremento inmediato del personal policial con egreso anticipado de las escuelas de formación; aplicación de Ley de Seguridad Interior del Estado a detenidos en la protesta, además del incremento de recursos de todo tipo a las policías.

Pero tras la jornada del 12 de noviembre -la más violenta desde el inicio de la revuelta y que incluyó un efectivo paro nacional de la minería, puertos y transporte- el anuncio presidencial incluyó por primera vez un llamado a todas las fuerzas de gobierno y oposición a un ‘gran acuerdo nacional por la paz’, cediendo en la demanda de los partidos de oposición por una nueva constitución. A este acuerdo acudieron presurosos los presidentes de los principales partidos, incluyendo a parte importante del Frente Amplio y el caudillo Boric, en tanto la camarilla de falsos comunistas, Tellier-Carmona, se mantuvieron al margen y no firmaron el acuerdo que evidentemente traería el rechazo de las masas movilizadas, aún cuando inmediatamente anunciaron que de todas formas participarán del proceso constituyente.

Marcha por Vicuña Mackenna. Imagen: Maximiliano Sobarzo.

Este ‘acuerdo por la paz’, firmado en la madrugada del 15 de noviembre, es un clásico acuerdo de gobernabilidad, que sólo viene a plasmar la colusión de las dos facciones de la gran burguesía. La nueva constitución ha sido la bandera de lucha de la facción burocrática durante años, pues la actual constitución construida durante el gobierno de Pinochet había sido establecida precisamente para garantizar la hegemonía absoluta de la facción compradora, estableciendo mecanismos de amarre que la hacen inalterable en la práctica.

A ojos del pueblo esta colusión ya había quedado clara en la discusión parlamentaria y en la distancia que existe entre sus preocupaciones y las preocupaciones del pueblo, mostrando que tanto el gobierno de Piñera como todos los partidos electoreros, aún cuando presentan diferencias y contradicciones entre ellos, configuran en realidad un ‘partido único’ del viejo orden. Todos en conjunto defienden su institucionalidad, su ‘democracia’, que es democracia para los ricos y dictadura para la inmensa mayoría de la población.

Dicho ‘gran acuerdo’ reaccionario busca salvar sus podridas instituciones políticas del profundo descrédito en que ya han caído, pero sin alterar las bases del sistema de explotación. No obstante, al mismo tiempo muestra las profundas fisuras de este sistema, pues es un reconocimiento de que la facción compradora a la cabeza del viejo Estado, como dirigente de los explotadores, no estaba dando garantías de gobernabilidad. Su voracidad los había enceguecido. Y es la oportunidad que buscaba la facción burocrática para ganar posiciones en el viejo Estado, cambiando la constitución de Pinochet que les impone enormes restricciones a su desenvolvimiento económico y político. Con este acuerdo la facción burocrática tiene oportunidad de recuperar posición frente a la compradora y por lo mismo todos los partidos electoreros están presurosamente trabajando por impulsarlo, aun cuando ha sido rechazado por un importante sector de las masas movilizadas.

En el contexto de la revuelta, y sin estar resuelto en lo esencial ninguna de las demandas populares, este acuerdo constitucional tiene el claro propósito de desmovilizar, desviando a los millones de personas que crecientemente venían promoviendo la protesta de masas por aumento de pensiones, salarios y el alza del costo de la vida hacia la discusión por el quórum y el eventual mecanismo por el que se resolvería esta nueva constitución.

Hay efectivamente un sector importante del pueblo que siembra esperanzas en la constituyente. Pero la historia ha mostrado que es una ilusión confiar en que cambiando una constitución las clases reaccionarias dejarán el poder, pues el poder se sustenta -en último término- en la fuerza armada. Esta verdad histórica ha quedado demostrada una vez más con la situación de Bolivia en los días recientes, donde la constitución impulsada por Evo Morales en beneficio de la facción burocrática de la gran burguesía boliviana se levantó sobre las esperanzas en los campesinos indígenas, pero no impidió el golpe de Estado de la facción compradora y el asesinato de las masas campesinas en manos de la policía y los militares.

Tanto la represión como las elecciones y los eventuales cambios constitucionales son parte del camino de la reacción, que es el camino impulsado por el imperialismo para la reestructuración del Estado, con el fin de reimpulsar su alicaída economía y combatir la revolución en su gestación. En efecto, hay experiencia de parte del imperialismo para maniobrar frente a estos estallidos, no están desesperados y a nuestro valeroso pueblo le queda aún mucho por recorrer en esta lucha prolongada por conquistar sus anhelos más profundos.

El problema que se plantea para el movimiento actual es el de no dejarse atar al proceso eleccionario y combatir las ilusiones constitucionales, desarrollando la creciente protesta popular con el trabajo de masas para llevarla a un nuevo nivel.

En esta perspectiva, las asambleas populares que se han levantado se pueden utilizar para discutir cómo seguir impulsando la lucha por arrancar al Estado las conquistas y reivindicaciones que la masa anhela. En estas asambleas ya están planteadas las demandas de las masas que deberán ser impulsadas por muchos años, creando organizaciones nuevas que sigan el camino del pueblo y se desprendan de los oportunistas de todo tipo que buscarán escalar en la lucha de masas para conseguir puestos en el viejo Estado.

Se van a ir definiendo así más claramente los dos caminos, el camino burocrático que es el camino de los reaccionarios, de los que pretenden hacer retroceder la rueda de la historia, y el camino democrático que es el camino del pueblo, de quienes exigimos la transformación revolucionaria de toda esta vieja sociedad.

El Estado seguirá con su camino de represión y engaño para defender su causa injusta pues es lo único que pueden hacer. El pueblo, por su parte, también avanzará en su camino democrático encontrando las formas cada vez más elevadas de organización y de lucha que lo conduzcan a alcanzar los justos propósitos de su causa. La causa del pueblo es una causa justa, y son las causas justas las que prevalecerán en la historia.

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