Entrevista a Daniela Sierra, abogada y activista de la causa mapuche en arresto domiciliario total, realizada el 6 de agosto por el programa A Rio Revuelta, de Radio 19 de Abril.

El lunes 27 de julio las comunidades y familiares de los prisioneros políticos mapuche iniciaron la ocupación simultáneamente siete municipalidades de la provincia de Malleco, en la Región de la Araucanía, además de oficinas de la Intendencia regional en Temuco, con el propósito de visibilizar la grave situación de los prisioneros en huelga de hambre que, en ese momento, se prolongaba por más de 80 días.

El mismo día 27 la Intendencia fue desalojada y la activista y abogada Daniela Sierra fue detenida junto a un grupo de lamgien y niños que se encontraban en el interior. Daniela tiene una pequeña niña con menos de un mes de vida, hija de su compañero Víctor Llanquileo Pilquiman, prisionero político detenido en la cárcel de Angol y condenado a 21 años de prisión en el contexto de las luchas por la recuperación de territorio mapuche, actualmente en huelga de hambre desde el 4 de mayo. Tras su detención en Temuco, Daniela fue formalizada por los delitos de maltrato de obra a carabineros, lesiones menos graves, amenazas, y otros, con lo cual el Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario total, medida completamente injusta y exagerada que gatilló la solidaridad de numerosas agrupaciones, organizaciones y personalidades democráticas.

El jueves 6 de agosto, el programa A Río Revuelta, de Radio 19 de abril, le realizó una entrevista, donde Daniela Sierra conversó -entre otras cosas- acerca de cómo funcionan los juicios hacia los mapuche, el racismo promovido por el latifundio y la importancia que las luchas actuales están teniendo para los dos pueblos: mapuche y chileno.

La situación de los prisioneros políticos mapuche es de extrema urgencia

“La situación es de extrema urgencia y lo que se está pidiendo es simplemente la aplicación de la ley. No se pide más. No hay que hacer ninguna reforma o modificación, nada. Lo que aquí se pide es que el propio Estado aplique la ley que asumieron como ley interna, con rango constitucional. De que la apliquen no sólo de  manera cliché -porque gendarmería dice que ya aplica el Convenio 169 [de la OIT]- sino que lo aplique en todos sus aspectos. En especial el Artículo 10, que dice que se deberá preferir otra forma de cumplir las penas, distinta al encarcelamiento, en el caso de los pueblos indígenas.

“El Convenio 169 dice que se escojan formas distintas al encarcelamiento. Y eso es lo que se tiene que discutir con quien tenga la capacidad de decidir y tomar resolución. En este caso es el Ministerio de Justicia, porque es el ministerio que está a cargo de gendarmería. Tiene que ver con las formas de cumplimiento de las condenas y las formas de cumplimiento de las [medidas] cautelares. Esta es una materia que administra gendarmería, pero quien tiene capacidad resolutiva es el Ministerio de Justicia, con las facultades que cuenta y con la legislación que ya existe en cuanto a las normativas de cumplimiento distintas al encarcelamiento que ya existen. Y ellos lo saben, y lo que tienen que hacer es sentarse a conversar y resolver y reconocer la vigencia del Convenio 169.”

No son prisioneros comunes, son prisioneros políticos mapuche

“Nosotros sabemos que los prisioneros que hacen la huelga de hambre no son prisioneros comunes. Son prisioneros que han sido detenidos enjuiciados y algunos condenados en una posición distinta. La vara de medida ha sido distinta a la que se usa cuando se enjuicia a otra persona. Es mucho más rígida, es mucho más dura, es una forma perra como actúan […] Ahí tenemos a los prisioneros con penas de 15 años, 18 años, y en el caso de Víctor, 21 años de condena. También el Estado en su propia forma de aplicar la ley va reconociendo que ellos son prisioneros distintos, porque los está persiguiendo y condenando de manera distinta. Un preso común al que se le investigue y le condene por los mismos hechos que han sido condenados ellos no tiene estas condenas.

“Lo que ocurre con imputados que pertenecen a comunidades que están en recuperación, a comunidades con tradición de lucha o que provienen de familias con tradición de lucha, es que cuando se les imputa un cargo no se les imputa solo uno, sino hasta cinco o seis. Y eso les permite decretar la prisión preventiva y alargar la prisión preventiva para convertirla en verdaderas condenas anticipadas, que en muchos casos, al terminarse esta prisión preventiva de un año o hasta dos años, terminan absueltos. Pero son dos años en los cuales se estuvo en cárcel sin haber pruebas para haber pedido su libertad. 

“Y esa es la misma situación en la cual me encuentro yo hoy día. Estoy con arresto domiciliario total porque se me imputan cinco delitos, y para levantarlos basta la declaración de Carabineros que se ponen de acuerdo rápidamente, declaran en mi contra sobre hechos que yo no he cometido, pero como están los cinco cargos, allí se puede solicitar la prisión preventiva o, en mi caso, el arresto domiciliario total.

“Allí queda uno esperando largamente qué es lo que ocurre con los juicios en donde el grueso de la prueba utilizada son declaraciones de testigos, principalmente de Carabineros, y declaraciones que son arregladas. Es lo que pasa en el juicio de Víctor [Llanquileo], donde las principales pruebas por las que se le condena son declaraciones de Carabineros y en especial de uno de los Carabineros que participó y dirigió la tortura por la que pasa una vez que es detenido.

“Si se ve la carpeta de investigación y el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sobre la detención de Víctor. Se ve que a Víctor lo detuvieron y lo torturaron como en un manual. El director del INDH dice “yo nunca había visto físicamente torturas de este tipo, sólo la había estudiado en los manuales”. Y ese mismo policía que es el que dirige el procedimiento de tortura donde se le fuerza a declarar responsabilidad y culpabilidad, es el principal testimonio que se utiliza para condenarlo. Entonces ese tipo de cuestiones se ve frecuentemente en las causas donde están involucrados miembros de comunidades en resistencia o miembros de familia que tienen una historia y una tradición de lucha.”

Sobre el racismo y el APRA

A diferencia de la toma de la Intendencia de la Araucanía, en cuyo desalojo del mismo 27 de julio fue detenida Daniela, las tomas de los municipios de la provincia del Malleco se sostuvieron hasta la noche del sábado 1 de agosto. Un día después de la visita a la región del nuevo Ministro del Interior, Víctor Pérez. El ministro Pérez, reconocido defensor de la Junta Militar Fascista y cercano a los principales líderes del centro de tortura de Colonia Dignidad, al asumir su cargo había anunciado que pondría especial atención a la situación en la Araucanía, indicando que la violencia “podría aumentar”. En efecto, tras su visita fueron convocados grupos de latifundistas y paramilitares organizados en la APRA (Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía), quienes bajo la protección de Carabineros y el ejército rodearon los municipios de Curacautín, Victoria y Traiguén para desalojarlos por la fuerza, linchando a los comuneros mapuche en el interior y destruyendo sus vehículos. Todo en medio del toque de queda, acabando en el incendio de dos municipios y sin ningún detenido de parte de los atacantes.

Sobre esta acción de desesperación latifundista que fue repudiada fuertemente, levantando grandes acciones contra el racismo y en solidaridad hacia la lucha mapuche en todo el Wallmapu, Chile y en muchos lugares del mundo, Daniela señala:

“A mi me da la impresión que APRA y este grupo de terratenientes venidos a menos – porque es lo que son-, como terratenientes tienen estrecha vinculación con el Estado. Muchos de ellos tienen cargos en reparticiones públicas. El mismo director Regional del Registro civil, que es el que imputa cargos contra nosotras en la detención, es un terrateniente de APRA. Ellos lograron ser oídos dentro de la forma y dentro del planteamiento y el estilo de Víctor Pérez como Ministro del Interior. Pero él mismo en una entrevista dice que cumple las mismas funciones que han cumplido los ministros anteriores, sólo que con más descaro y más brutalidad porque todo el mundo sabe quién es, y por tanto no tiene mucho que aparentar. Pero el cargo y la función es la misma, siendo uno con cara bondadosa como Blumel, u otro con cara de perro como es Víctor Pérez.

“Y con ese descaro -que es el descaro de APRA, con el que da esas declaraciones permanentemente, apuntando a medio mundo que se les para en frente- hicieron buena alianza la policía, esos terratenientes venidos a menos, militares que tampoco hicieron nada en medio del toque de queda, y un sector de personas chilenas, personas con harta ignorancia y con la misma pobreza que los que salen a protestar en la primer línea en las ciudades, con los mismos problemas y apremios económicos, pero que se ha comprado este discurso de APRA que es reiterado, persistente, y que en la ciudad de Victoria tiene arraigo y por lo visto también en Curacautín.

Y esta acción monstruosa es un concentrado de lo que se hace históricamente desde la llegada del conquistador hasta ahora. Cuando llega el conquistador la discusión era si acaso el indígena era persona o no. Porque si no era persona jurídicamente, era una cosa, un animal. Los más adelantados decían que era persona, pero que era incapaz jurídicamente, y así no podían administrar sus bienes. Y esa visión para con los mapuche y los pueblos originarios en general ha dejado de estar presente, en el discurso de algunos sectores y también está en la escuela.

“Cuando a nosotros nos detuvieron había un muchacho de 13 años, que Carabineros lo arrinconó en una esquina, le puso la cabeza en la pared, las manos atrás y su mamá decía ‘están teniendo a mi hijo igualito como a mi me tenían en la escuela’. Y esta es una mujer que no alcanza a tener cuarenta años. A ella en la escuela, cuando iba a estudiar, sus profesores la tenían así arrinconada. Y a ella porque ella era mapuche, no lo hacían así con sus compañeros que no eran mapuche. Otros relatos dicen que los compañeros de curso te escupían por ser mapuche, te humillaban, te vilipendiaban por ser mapuche. Si llegaba a la sala de clase mojado y no alcanzaban las sillas para todos, el que se quedaba sentado en el suelo era el mapuche, no el chileno. Era el que había caminado tres horas para llegar a la escuela, mojado. Todas esas cuestiones las tiene cualquier lamgien con el que converses acá. Son muchas historias del mismo estilo.

“Esto [del sábado 1] fue un acumulado que se pudo ver en la prensa. Fue grosero ver cómo perseguían a los lamgien como presas, como animales. Hubo fracturas de cráneo con muchos puntos de sutura. Entonces es que no se ha abandonado esa idea de superioridad del conquistador. Y no se va a superar mientras prosigamos viviendo en una sociedad que vive otro tipo de desigualdades. Porque en el fondo son desigualdades económicas, como lo es el modo en que el dueño de la empresa agrícola trata hoy a los trabajadores temporeros.”

El ataque de los latifundista generó mayor apoyo hacia la lucha mapuche

“Pero este ataque generó su opuesto, porque en lugar de generar apoyo para el APRA lo que generó fue apoyo hacia el pueblo mapuche, apoyo para su reivindicación, para con la huelga en particular, que se pudo hacer más conocida. Se pudo difundir más cuáles eran las razones de la huelga, las demandas. Eso habla de la salud, la vitalidad que tienen los pueblos, el pueblo chileno y el pueblo mapuche, para ponerse de pie una y otra vez ante los intentos de atacarte, de humillarte, de amedrentarte. Lo que es justo igual se logra poner en pie y caminar con la cabeza en alto. Generó su opuesto la visita del Ministro del Interior. Lo que se dice es que los mapuche en resistencia son los menos, pero lo que quedó demostrado es que los que están en franca minoría son los APRA y su discurso, fascista, antimapuche.

“Salen para atrás y en la prensa hoy el gobierno salió declarando que quieren ahora sentarse a conversar, buscar una solución para la huelga: quieren resolver. Eso para la huelga, para la movilización, es positivo, es un logro, y es así porque la movilización de apoyo a la huelga no se ha detenido, ha seguido permanentemente al alza.

“Si el gobierno y el Estado no resuelven la demanda de la huelga van a ir cavando su tumba y su propia desaparición como lo han hecho persistentemente.

“Hay cada vez más gente que no quiere votar, que no participa. Incluso hay sectores que plantean el boicot electoral. Hay más descrédito de las ilusiones electorales. Entonces también va a profundizar el descrédito que tiene el Estado y los gobiernos de turno, y va a dar justeza a las reivindicaciones que no ha dejado de tener el mundo mapuche, y también las reivindicaciones que está recomenzando a tener el pueblo chileno y que ha tenido ya algunas pequeñas conquistas como el 10%, que es una conquista de la lucha. La tendencia es que el movimiento popular va comprendiendo su propia capacidad y va comprendiendo que es el propio movimiento popular el que hace la historia y no los gobernantes.

“Caen las estatuas en las plazas porque también va cayendo la historia que nos han querido contar, esa historia que pareciera que la hacen los próceres, cuando en realidad la historia la hacen los pueblos y las masas. Y eso lo vamos comprendiendo un poco más. 

“Si la huelga llega un resultado satisfactorio o, lo que nadie quiere, la huelga tiene un resultado catastrófico, nefasto, eso va a ser más que combustible para el movimiento mapuche y para el movimiento chileno y va a apuntar a profundizar su unidad. La unidad del propio movimiento mapuche y la unidad del movimiento mapuche con el movimiento chileno y eso va a ser nefasto para el gobierno chileno. Y creo que eso lo alcanzan a ver y por eso la preocupación. Y el Ministro de Justicia va a viajar y a tener reunión con los dirigentes de la huelga. Y el ministerio ya conoce las demandas y cómo puede resolver, así que esperemos que tenga sensatez y tengamos que esperar un desenlace fatal y que significa también para ellos no tener la capacidad política de resolver en el momento apropiado. Una solución simple, le estamos diciendo al Estado “aplique la ley”, ese es su trabajo, no tendríamos que estar diciendo nosotros que cumplan con su obligación de aplicar la legislación vigente.”

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