A fines de febrero, el canciller del gobierno genocida y vendepatria de Piñera, Andrés Allamand, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí expuso que “hoy, a más de un año, Chile ha recuperado su normalidad gracias a un proceso democrático e institucional”. Estas declaraciones levantaron una vez más la indignación de las masas populares que luchan decididamente, quienes con su decisión honran las decenas de muertes en manos de las fuerzas represivas, las centenares de víctimas de trauma ocular y los prisioneros y prisioneras políticas que se mantienen en las cárceles.
Al mismo tiempo que Allamand hablaba de la “normalidad” del país, aún resonaban las protestas violentas tras el asesinato brutal del artista callejero Francisco Martínez en Panguipulli. Era reciente la denuncia por los asesinatos de Camilo Miyaki, ahorcado en el calabozo de la Comisaría de Pedro Aguirre Cerda en Santiago, y del ciudadano boliviano Jaime Veizaga, golpeado hasta la muerte por Carabineros en Calama. Hacía una semana que la lamngen Emilia Milén había sido asesinada de un disparo en la cabeza por los guardias privados del latifundio en Panguipulli. Y hacía solo días que una profesora que se manifestaba pacíficamente con un cartel en la Plaza Dignidad se sumaba al largo listado de víctimas de trauma ocular tras recibir un perdigón de Carabineros. Para el pueblo nada de esto es normal, y nunca lo será.
Aun frente a todos estos hechos, Allamand realmente no está conscientemente mintiendo ante la ONU al hablar de su distorsionada “normalidad”, únicamente sincera las verdaderas concepciones y preocupaciones que competen a este viejo y podrido Estado frente a sus amos imperialistas. Sincera en forma muy nítida que los intereses del gobierno y del Estado de Chile son completamente distintos y opuestos a los intereses del pueblo. Sus preocupaciones son los intercambios comerciales y financieros, el tipo de cambio, el funcionamiento de las bolsas de valores, la estabilidad macroeconómica. Y todo eso realmente está funcionando, está “normal”, e incluso más que eso, está bastante bien: lo que les importa está funcionando: el precio del cobre se ha elevado a valores históricos y las utilidades de los bancos y las AFP se han elevado en medio de la pandemia y la recesión, haciendo aún más ricos a los super-ricos. Las condiciones de vida del pueblo, y la vida misma, no son su preocupación.
No cabe duda que todas las instituciones del viejo Estado burocrático-terrateniente han crujido bajo los golpes de la lucha violenta de las masas desde el 18-O. Sin embargo todos sus aparatos aún están en funcionamiento, se podría decir que están intactos.
Dice Allamand que su “normalidad” fue alcanzada “gracias a un proceso democrático e institucional”. En esto tampoco miente. El conjunto de las desprestigiadas instituciones del Estado, gobierno, parlamento y poder judicial -apuntalados por los militares y policías desplegadas en las calles- han podido hasta ahora cumplir efectivamente las tres tareas reaccionarias para las cuales han sido creadas: reimpulsar su economía al servicio del capital extranjero, reestructurar el viejo Estado para tratar de evitar su descomposición y empeñarse por ahogar la rebelión popular con cárcel y sangre.
Ante el levantamiento de millones de personas en octubre y noviembre de 2019, el mantener en pie su “Estado de derecho” les exigió dejar de lado temporalmente sus pugnas de camarillas, las disputas entre las distintos partidos y fuerzas de la reacción para unirse contra el pueblo alzado, empleando la clásica política de la zanahoria y el garrote: por un lado la zanahoria que significa la ilusión de resolver los problemas del país con una nueva constitución y al mismo tiempo el garrote para golpear la protesta popular con represión sistemática.
Los asesinatos, mutilaciones y prisión política tras el 18-O se siguen reforzando con un verdadero paquetazo represivo compuesto por medidas y proyectos de ley que incrementan y refuerzan la represión. En eso también los distintos partidos están bastante unidos. Allí están la “Agenda de Seguridad Ciudadana”; las leyes anti-saqueos, anti-barricadas, anti-stickers y anti-“el que baila pasa”, ya aprobadas; el proyecto de ley anti-encapuchados, en primer trámite; el proyecto de ley que permite a las Fuerzas Armadas proteger “infraestructura crítica”; el proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, entre otros. El incremento del presupuesto y la capacidad militar de las policías y el ejército, junto al manto de impunidad que cubre a su alto mando y a los asesinos del pueblo, garantizan la lealtad de las fuerzas represivas. El reforzamiento de las fuerzas paramilitares fascistas complementan las fuerzas de la reacción. Así es como entienden su “democracial”; así es como necesitan mantener a sus instituciones.
Y este es el escenario en el cual el “proceso democrático e institucional” de los grandes burgueses y terratenientes se seguirá desenvolviendo este 2021. Es sobre la sangre del pueblo que serán elegidos y sesionarán quienes resulten electos para la convención constitucional, cuyos resultados antipopulares están predeterminados de antemano y -quiérase o no- serán aprobados el próximo año como el “mal menor” frente al chantaje que significa rechazar esta nueva constitución y “mantener la constitución de Pinochet”. Este es el escenario en que serán elegidos alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y el propio sucesor de Piñera, llegue éste o no a terminar su gobierno.
¿Quiénes serán las caras que harán el recambio en el gerenciamiento del Estado? no están claras de antemano, pero realmente no lo más relevante en el contexto de su “normalidad”. Por el momento, los grandes burgueses y terratenientes del país pueden estar tranquilos de que entre los candidatos nadie será un verdadero riesgo para ellos pues, en este sentido, el pacto ya está cerrado.
El único verdadero riesgo para ellos está en el pueblo que avanza con decisión al margen de la disputa electoral, sino en la lucha de clases, en la lucha violenta contra este Estado y todas sus instituciones, contra este régimen de opresión y explotación erigido en sistema, en la lucha concreta por construir una nueva sociedad al servicio de las grandes mayorías.
La duras lecciones de la lucha de clases vienen forjando a las y los combatientes que desenvolverán esa lucha prolongada por el camino de la revolución. El movimiento popular ha crecido con millones en las calles desde octubre de 2019, con miles en los pueblos y ciudades pequeñas y en las zonas rurales, con crecientes procesos de recuperaciones de tierras y control territorial en el Wallmapu.
Si alguien aún tenía dudas acerca del carácter de clase del viejo Estado terrateniente-burocrático, el acto de sinceramiento de un archi-reaccionario como Allamand ha servido para ver las cosas con más claridad: Chile se ve distinto desde el lado del pueblo y desde el lado de la reacción. Su normalidad no es la que queremos. Ellos lo saben, nosotros también lo sabemos.
