Campamento en los cerros de Viña del Mar, región de Valparaíso. Fotografía difundida por epicentrochile.com.

Por Gloria Bascuñán para Periódico El Pueblo nro. 95

En la última década se han realizado dos registros oficiales del MINVU sobre asentamientos irregulares y las familias que allí habitan, en 2011 y 2019. En 2011 se contabilizaron 657 campamentos con cerca de 29.000 familias. El catastro de 2019 contabilizó 802 campamentos y estimó sus habitantes en 47.050 hogares. El estudio más reciente, publicado a fines de marzo por Fundación Techo y Fundación Vivienda, muestra que en los últimos 2 años las cifras han crecido hasta 82 mil familias en 969 campamentos. 

Según estas cifras oficiales, en poco más de 10 años -entre 2007 y 2019- el número de campamentos se duplicó. Y luego tomó solo dos años, entre 2019 y 2020, volver a casi duplicar la cifra de familias viviendo en campamentos, cifra que no contabiliza el número de personas en situación de calle o allegados en viviendas regularizadas.

Las cifras reales, sin duda son mayores a estos registros. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile señalan que en Chile habría 1220 campamentos, con lo cual es posible afirmar sin equivocarse que en los últimos dos años se ha duplicado el número de personas viviendo en las condiciones más precarias.

Es la pobreza lo que empuja a ocupar un terreno vacío y levantar allí una vivienda con lo que se tenga a mano. Esto ocurre mayormente en las grandes ciudades, pero los campamentos son también un problema creciente en el campo, según puede verificarse en un mapa georreferenciado que ha desarrollado el último estudio de Techo, que puede ser consultado en línea (https://ceschile.org/catastro/).

Las diversas caras del problema habitacional: tomas, campamentos, subarriendo y hacinamiento

Después de 2011 -explica Camilo Arriagada, profesor de la FAU de la U. de Chile- se reporta un alza en el número de personas viviendo en campamentos, como resultado de múltiples factores, “pero que en lo fundamental responden a un divorcio creciente de los precios de las viviendas y los salarios, que se combinó en ciudades mayores con cambios de la estructura de oferta privada que se concentró en departamentos para arriendo residencial”. El académico enfatizó que esta concentración de la oferta habitacional pasó desde personas naturales a grandes capitales inmobiliarios que ofertan torres que se venden, desde su diseño, en un 100 por ciento para arriendo. Señala que “la explosión del negocio del subarriendo para los sectores de menor ingreso (se da) en múltiples formas: piezas en conventillos y cités, casonas e incluso suelos industriales, y piezas compartidas en departamentos”. Destacó que según varios estudios los residentes de campamentos provenían de situaciones de arriendo que no podían seguir financiando, afectados además por mercados informales y subarriendo bajo dinámicas abusivas que afectan también a muchos migrantes.

Fuente: Ciper Chile

Acerca de estas cifras, Felipe Vergara señala en un artículo publicado por Prensa Opal que en Chile, para el año 2017 -según un informe de Fundación Libertad y Desarrollo-, había un total de 300.158 familias que vivían de allegados. Eso se traduce que en un hogar se incorporan dos o más subgrupos familiares, entendiendo que una familia en sucesión, convive la familia del abuelo, la de sus hijos y probablemente nietos. Previo a las movilizaciones sociales de octubre de 2019, esa cifra se elevaba a 1.152.000 familias.

El hacinamiento considera la situación de los allegados y el déficit habitacional de metros cuadrados para satisfacer las necesidades mínimas de las familias. El promedio nacional de área habitable (no se considera baño y cocina) es de 6,5 m² por integrante “¡retroceso histórico a un Chile de 1950!”, dice Vergara. Este quiere decir que si en una vivienda o departamento de 52 m² (la superficie mínima actual para la vivienda social) viven 8 personas, correspondiéndole a cada una en «espacio vital» de 6,5 m² por habitante, o sea un rectángulo de 3×2 metros, que son ¡las dimensiones estándar de una celda!

Para Vergara, estas condiciones de habitabilidad inducen a una pésima calidad de vida, que explicaría el aumento de denuncias por violencia intrafamiliar (300% en 2020) aceleración de la curva de contagio, y de paso explicaría el boom de compras en materiales de construcción tras el 1er y 2do retiro del 10%, de los fondos de pensiones en las AFPs.

El mercado inmobiliario por sobre el derecho a la vivienda

El fenómeno de las megalópolis -la concentración de la población en ciudades gigantescas con un campo atrasado y con sus trabajadores despellejados por relaciones laborales serviles y clientelares- es propio de las sociedades con capitalismo burocrático. Es algo desconocido en cualquier país con un capitalismo desarrollado. La falta de planificación urbana se expresa en un sinnúmero de problemas que incluyen viviendas a precios inalcanzables para un importante porcentaje de la población; una alta segregación urbana con zonas sin acceso a servicios y equipamiento; escasez hídrica que dificulta el acceso al agua a la población más vulnerable, entre otros problemas.

El origen del problema, como de tantos otros, se encuentra incluso más allá de la voracidad de las grandes empresas inmobiliarias y las deficientes políticas locales. Sin quitarles responsabilidad, hace falta reconocer que, a su vez, éstas son a su vez resultado de las medidas económicas y políticas de “ajuste estructural” impulsadas desde el Consenso de Washington en la década de 1980, las que incluían el redireccionamiento del gasto público en subsidios, la privatización de empresas estatales y la desregulación, especialmente de la actividad financiera. Son estas políticas imperialistas las que, a nivel mundial, han transformado derechos sociales conquistados en dura lucha durante el siglo XX, en terreno de negocios para las grandes compañías.

En nuestro país, si bien estas medidas se aplicaron tempranamente durante el régimen de la Junta Militar fascista, las políticas de subsidios ultra focalizados y promoción del mercado inmobiliario por la vía de créditos bancarios fueron empujadas principalmente por los gobiernos mal llamados “democráticos” que le siguieron.

Son estas políticas las que siguen sembrando pobreza, que aparece hoy cada vez más visible en el incremento sostenido de las tomas de terreno, los campamentos y las personas en situación de calle.

Y si bien desde la década del 2000 las Naciones Unidas vienen cacareando sobre sus “Objetivos del Milenio”, incluyendo la vana idea de eliminar la pobreza en el mundo bajo el sistema económico y político imperante, lo que las cifras muestran es que la pobreza crece día a día. Incapaces de reconocer que eliminar la pobreza es un imposible bajo el dominio del imperialismo, la ONU se ha limitado a cambiar los plazos para el cumplimiento de sus “Objetivos”. Mientras lo único verificable es que existe miseria, y existe junto a una insultante riqueza, y eso es así porque la explotación existe.

Las medidas estatales frente a la actual crisis habitacional

El déficit habitacional en Chile es enorme en comparación con el tamaño de nuestra población. A 2017 las cifras oficiales estimaban este déficit en 500 mil viviendas. En 2019 la Cámara Chilena de la Construcción declaraba que se necesitan 740 mil, afectando a 2.2 millones de personas.

Las políticas estatales desde hace décadas, en lugar de reducir este déficit, han contribuido a incrementarlo. Al poner la prioridad en potenciar el mercado inmobiliario mediante los llamados “subsidios a la clase media” y no en la construcción de vivienda social sin deuda, se ha contribuido a potenciar el mercado de los créditos hipotecarios y elevar el precio de las viviendas, con lo cual se hacen cada vez más inaccesibles para la mayoría de la población.

Durante el actual período de Piñera, desde el Ministerio de Vivienda se han anunciado planes para invertir en la construcción de 20 mil viviendas en 2019 y, más recientemente, 61 mil viviendas durante 2021. El mismo anuncio presidencial de diciembre de 2020 señala que “entregarán más de 286 mil subsidios habitacionales”, pero la experiencia señala que esos subsidios, en su inmensa mayoría, no pueden ser utilizados porque no permiten cubrir el costo actual de las viviendas.

El problema de la vivienda y su expresión en el incremento de las tomas de terreno y campamentos ha sido objeto de discusión en comisiones del congreso. El Minvu ha anunciado un presupuesto “histórico” para la cartera, la creación de un banco de suelos para construcción de vivienda y el plan “100+100”, que apuntaría a “gestionar” anualmente el cierre de 100 campamentos, proveer de “habitabilidad primaria” a otros 100 para, al 2024, supuestamente encontrar solución a 860. Se han incrementado también los subsidios de arriendo. Ninguna de estas medidas se acerca siquiera a resolver la magnitud del problema.

El experto en urbanismo Pablo Allard, de la Universidad del Desarrollo, ha señalado recientemente que “las autoridades están conscientes de esta crisis… pero la situación es tan crítica que amerita enfrentarla como un desastre nacional”. En lo concreto, no se puede solucionar el déficit habitacional actual con las políticas vigentes.

Lo cierto es que ni el gobierno ni el parlamento han sido capaces de llevar adelante políticas adecuadas, pues ni siquiera conocen ni quieren reconocer la situación real de los pobres en el país. Basta recordar que el ex-ministro Mañalich reconoció, al inicio de la pandemia, que “no sabía” que había tanta gente viviendo en situación de hacinamiento en Chile.

La política sistemática de desalojos

Lo que sí conoce bien este viejo Estado es la represión. Y ante el incremento de las tomas de terreno, la única medida palpable es una política sistemática de desalojos con el fin de evitar que los asentamientos sigan en aumento. Pero es infructuoso.

Los desalojos de tomas de terreno han sido sistemáticos y no se han detenido siquiera con la situación de crisis sanitaria producida por la pandemia. En el mismo inicio de la crisis sanitaria, en junio de 2020, se desalojaron tomas en Quilpué, respaldadas por el gobernador de la Región de Valparaído, donde se registran enormes incrementos de tomas entre 2018 y 2019.

Frente al problema de las tomas de terreno, la prensa oficialista hace también su contribución a justificar la represión en lugar de situar el problema de la crisis habitacional. La académica de la Universidad de Chile, Yasna Contreras, al referirse al reciente desalojo de Renca y su tratamiento en la prensa señaló en forma muy acertada que los periodistas deberían también referirse al problema político y económico que hay tras las tomas de terreno: “¿A qué precio nos están arrendando y en qué condiciones? ¿Quiénes venden terreno? ¿Dónde viven los delincuentes que siguen abusando de familias vulnerables que no saben dónde vivir? Ojalá los dos periodistas se cuestionaran dónde van a vivir quiénes fueron brutalmente desalojados de ese campamento. El problema no se acabará ni contando la cifra exacta de personas que viven en campamentos, ni llevándolos a barrios transitorios, ni comprándoles votos, porque ojo, la cosa se agravará más en contexto de pandemia y eleccionario”.

Es la crisis general de la sociedad que estalla por todas partes. Las profundas raíces se encuentran en la defensa de la propiedad privada por encima de los derechos sociales. Por más que sean éstos establecidos de papel en cualquier nueva constitución, y más que se levanten discusiones acaloradas en los períodos electorales, no puede sino proyectarse una lucha prolongada por la conquista y defensa efectiva de estos derechos.

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