
La noticia del inminente desalojo de la Toma Marichiweu despertó la solidaridad de numerosas organizaciones y medios de prensa independientes, que en los últimos días han difundido la situación de las familias que fueron notificadas que serían expulsadas después del 7 de junio.
En el terreno municipal de Miraflores Alto donde se encuentra la toma de terreno, el municipio de Viña del Mar ha anunciado la construcción de un centro de salud. Esta instalación que sería construida es muy necesaria para toda la comunidad, pero las 80 familias que desde hace 2 años viven allí no tienen aún otro lugar donde vivir y solicitaban desde mucho antes una solución de vivienda.
La disposición de las y los vecinos era resistir el desalojo con lo que se tuviera a la mano hasta tener una solución que evite quedar en la calle. Sin embargo, aprovechando la cobertura que de este grotesco hecho hizo la televisión abierta, en un comunicado público el municipio anunció que echa pie atrás temporalmente en su decisión de desalojo, traspasando al gobierno de Piñera la responsabilidad de encontrar una solución habitacional para estas familias.

No ha sido la buena voluntad del municipio lo que cambió esta situación, pues nunca antes había tenido la disposición de atender la necesidad de las familias de la toma Marichiweu. Ha sido la muestra de voluntad de los y las vecinas de resistir al desalojo y las muestras concretas de solidaridad de los medios de prensa independientes y organizaciones que estuvimos allí para difundir su situación y mostrar que este Estado en crisis terminal no es capaz de resolver los más elementales problemas de la población, sino al contrario, no hace más que agravarlos cada vez más.
Hoy los vecinos quedan en alerta, porque la solución aún no existe y será necesario una organización aún más fuerte para alcanzar una verdadera solución a su problema de la vivienda.
Su situación es la misma de otras 80 mil familias que actualmente viven en tomas y campamentos a lo largo del país, las que permanentemente enfrentan el riesgo de ser desalojados. Más aún, con el proyecto de ley anti-tomas que se encuentra en discusión el el Congreso, se busca entregar mayores herramientas para facilitar los desalojos y penalizar a las y los ocupantes de terrenos.
Para mañana jueves 10 está convocado un punto de prensa de numerosas organizaciones y personalidades relacionadas al problema de la vivienda para presentar la problemática de este nuevo proyecto de ley y profundizar en las consecuencias para los pobres del campo y la ciudad.
La lucha por la vivienda seguirá, porque en el fondo de ésta se encuentra la lucha contra la gran propiedad de la tierra, la especulación inmobiliaria y financiera, hasta recuperar la tierra para quien en ella vive y trabaja.
¡La vivienda es un derecho! ¡Luchar por ella es un deber!
Fotografías de @folilpueller