Compartimos artículo publicado por El Comunero Prensa de Colombia hace unos días atrás.

En Colombia, el desempleo en mayo alcanzo el 21,4% y de la población ocupada, un 47% trabaja en el sector informal, que presentó grandes caídas en ventas. Esto significó caídas drásticas en los ingresos de millones de familias que han tenido que decidir entre comer o pagar el arriendo de sus viviendas. Previo a la pandemia, 18,2 millones de personas en Colombia no contaban con una vivienda y vivían pagando arriendo.

El Estado, ni antes ni durante la pandemia se ha preocupado por solucionar este déficit habitacional. Al contrario, su política ha sido la de favorecer especuladores de tierra y grandes constructoras para que se sigan enriqueciendo a costa de que miles de familias paguen arriendo. Durante la pandemia, a pesar del hipócrita discurso de “prohibición de los desalojos”, ha realizado varios desalojos violentos como los de Ciudad Bolívar y Soacha en Bogotá. No solo no le importa que miles de familias no tengan vivienda, sino que pretende con el decreto de hipoteca inversa ofrecerles “solución” a los abuelos sin ingresos arrebatándoles las casas que consiguieron con sudor y lágrimas durante toda su vida para sus hijos. Ante la agudización de la crisis, la única opción para muchas familias ha sido y es tomarse lotes abandonados para construir así sus viviendas.

A mediados del mes de mayo, en la Ciudad de Cali en el barrio Siloé decenas de familias se enfrentan a la Policía para tratar de impedir que las desalojen.

A pesar de que desalojan en algunas zonas, estas y otras intentan nuevamente tomarse otros lotes. El titular de Seguridad y Justicia Municipal de Cali aseguró que “Semanalmente tenemos entre seis y siete intentos de invadir lotes, sobre todo aquellos que son de propiedad del Municipio”

En Cúcuta, 600 familias invadieron un lote que era usado como aeropuerto para aviones de fumigación.

En la Localidad de ciudad Bolívar Bogotá, realizaron desde abril desalojos violentos a cientos de familias. A pesar de ello, y de que muchas familias quedaron en la calle, el Estado no ha logrado frenar las invasiones, según la Secretaría de Hábitat, en la localidad de Ciudad Bolívar hay 40 polígonos de monitoreo conformados por 638 hectáreas, en donde se han identificado 12.261 ocupaciones.

La lucha de las familias en Soacha

Más de 800 familias se tomaron un Lote en Soacha, municipio ubicada al sur de la ciudad de Bogotá y donde viven miles de trabajadores pobres, algunos de las cuales viajan a diario hasta 3 horas para trabajar en Bogotá. Las familias perdieron sus empleos por la cuarentena y no tienen para pagar el arriendo, por eso decidieron tomar un lote que se encuentra desocupado.

El Alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, ha emprendido una fuerte campaña de desprestigio y de represión hacia el pueblo que lucha por un techo a dónde meter a su familia. Saldarriaga, se reusó a reunirse con las familias quienes fueron en marcha a la alcaldía, mientras en la prensa dice que se trata de vándalos y terreros (mafias que negocian con tierras). Está ofreciendo 20 millones por información acerca de los líderes de la invasión, bregando por dividir y atemorizar al pueblo. Durante los desalojos el día 25 de junio, el ESMAD asesino a un joven de 15 años, Duván Mateo Aldana. Ante la negativa del alcalde a dar la cara, las familias decidieron el 6 de julio bloquear la autopista que es la entrada a la ciudad de Bogotá durante más de 1 hora.

Todo esto muestra que la única solución que le ofrece el Estado a las familias sin techo es el desalojo y la violencia. Todos los alcaldes, ya sea los “alternativos” y los de “derecha” actúan de la misma manera, sacando violentamente a las familias, negándose a dialogar con ellas y a ofrecer soluciones de vivienda. También muestra que el pueblo no tiene otra opción y seguirá “invadiendo” lotes para conquistar una vivienda. Muchos barrios se han formado y consolidado de esta manera y ante el panorama de mayor crisis económica es la única opción para miles de familias. La violencia del Estado no puede contener esto porque las familias no se quedarán bajo un puente viendo a sus hijos morir de hambre y enfermedades, sino que lucharán por un techo. Es necesario mayor organización del pueblo para lograr hacerle frente a los engaños y violencia del Estado y no permitir que los desalojen.

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