En diciembre de 2020, visitamos el Wallmapu con el objetivo de ponernos al servicio de las luchas que se estaban librando, y así también dar a conocer la situación de los presos políticos mapuche, tras la huelga de hambre que alcanzó más de 120 días entre mayo y agosto. En ese viaje visitamos comunidades, donde pudimos conversar con pu lamgen del sector lafkenche, sobre su situación actual y la de sus pu weichafe en prisión.
por Micaela Bastidas para Periódico El Pueblo, nro. 93
En el sector de Lebu, en la Franja Lafkenche, fuimos recibidos por la Comunidad Antikina, que recientemente ha iniciado el proceso de recuperación territorial. Sus palabras de recibimiento expresan desde el primer momento la claridad y convicción del proceso que llevan adelante: “Más que nada agradecer que hayan venido, de repente los medios de comunicación no informan bien las cosas que pasan en los procesos, algunos somos parte de una Comunidad vecina, pero siempre hemos estado relacionados con la gente que ha mantenido una línea con la recuperación de los territorios usurpados, robos de los cuales realmente es el Estado chileno el autor y responsable.”
Nos comentan que, como es usual con la recuperación de territorios en el Wallmapu, las tierras en las que se están asentando actualmente, eran haciendas latifundistas que están siendo recuperadas: “hay una memoria relacionada a este espacio. Nuestros abuelos vivieron algunas malas experiencias en ellas, los trataban muy mal, hay relatos presentes en la memoria de la gente, como cuando los hacían comer en bateas, por ejemplo. Eso conmueve a las nuevas generaciones del territorio, que han decidido pelear, y reconstruir la nación Mapuche, aquí mismo se ve la idea de desarrollar una experiencia de lucha y recuperación.”
Situación de los PPM-Lebu
El 4 de mayo los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol iniciaron una huelga de hambre, tras ver frustrados todos los canales de conversación frente a una demanda central: que se aplique el Convenio 169 de la OIT para cambiar el régimen de encarcelamiento por medidas alternativas. Así lo establecen los artículos 9 y 10 del Convenio, que se encuentra vigente en Chile desde 2009 y obliga al estado chileno a aplicarlo, como parte de los tratados internacionales con rango constitucional. Sin embargo, en los hechos ha sido desconocido por todos los gobiernos y estos beneficios son letra muerta. Los prisioneros políticos mapuche de Lebu y Temuco se plegaron a la huelga iniciada en la cárcel de Angol, sostuvieron la huelga de hambre y posteriormente huelga seca por las mismas demandas.
Así nos recuerdan ese período pu lamngen que acompañaron desde la vocería, la huelga en la cárcel de Lebu: “A nosotros nos tocó estar más directo con los presos en Lebu, cuando se asume la huelga seca fue terrible, ver el grado de cambio en la persona, su contextura, hasta el timbre de voz era diferente, nosotros veíamos acá a los chicos, como estaban… era cosa de sacar cuentas de cómo estaban los de Angol que llevaban mucho más días […] Fue fuerte compartir una situación como una huelga de hambre de tan cerca, fue desgastadora, una experiencia compleja por todo lo que significa, porque que es una carga emocional muy muy fuerte, contener a las familia, contener a los mismo presos, los huelguistas, pelear contra los pacos todos los días, buscando distintas instancias para que se aceleraran los procesos en cuanto a los petitorios.
“Todas esas experiencias dolorosas, tienen igual una carga positiva, obliga a darse cuenta qué tan profunda es la necesidad de ser consecuente con los principios con la necesidad de seguir luchando por una causa […] Dentro de todo lo que se vivió, se rescatan cuestiones como la unidad que surge en esos momentos, donde el pueblo de la franja [lafkenche] se une. Se logró realizar un guillatún, el cual reunió a por lo menos 500 personas. Esto era algo que en el territorio no se veía hace mucho tiempo.”
Nos relatan que las visitas fueron negadas por Gendarmería después de la huelga, producto de las medidas de cuarentena, y sólo pudieron volver a visitar a los presos en noviembre y luego se volvieron a cerrar. La demanda actual de las familias y las comunidades de los presos es restablecer las visitas:
“Lo que más nos apremia es el tema de las visitas, por lo menos de los familiares, nosotros lo hicimos ver enviando una carta hacía la regional y nacional, les exigimos que era una necesidad y que no está más allá de lo que llegaron a acuerdo con el Machi. Si tomaron acuerdos con él, muy bien pueden hacerlo con nuestro presos y hacer cumplir su palabra con ellos también.”
Hoy, a poco más de un mes de realizadas las conversaciones, el tema de las visitas sigue en negociación con gendarmería, lo que nos mantiene atentos ante alguna posible actualización de la situación.
“Tenemos un mismo enemigo, los latifundistas y dueños del país”
Durante la conversación, abordamos también la rebelión popular iniciada en octubre de 2019 por el pueblo chileno, que salió a las calles con la bandera mapuche como estandarte como símbolo que expresa la decisión de luchar, demostrada una y otra vez en las luchas del pueblo nación mapuche por recuperación de tierras y autonomía. Uno de estos frutos es la creciente unidad entre la lucha del pueblo mapuche y no mapuche, donde se ha dilucidado que los enemigos de ambos pueblos son los mismos.
Al referirse a la necesidad y decisión de luchar, nos dicen: “Cada persona o individuo que decide pelearle a este sistema, a este modelo, se le pone complicada la cosa en varios aspectos: familiares, la vida cotidiana. Sabemos que el enemigo, sobre todo el modelo que tiene este Estado, los gobiernos de turno: son crueles. Siempre van a estar apagando procesos de lucha, siempre van a intentar desarticular a la gente y ese su mayor anhelo: golpear, dificultar las cosas… Pero mientras haya algún nivel de organización, y decisión y convencimiento, será clave, estar convencido de porque se está luchando. Como pueblo se pelea por varias cosas, la salud, la educación, todas esas cosas que son necesarias para la gente. Para el pueblo mapuche y su lucha cambian algunos aspectos en la línea política, nosotros no peleamos por salud o educación, nosotros estamos peleando por un territorio, por reconstruir un pueblo que ellos destrozaron y dejaron bastante débil. Ahí es cuando se generan los años de experiencia en algunos procesos, aquí ya son bastantes años de tener un control (en el territorio). Creemos que es algo importante y la responsabilidad que tenemos de ir reconstruyendo los espacios.”
“Lo que pasa con los presos políticos de la revuelta conmueve, tenemos un mismo enemigo, los latifundistas y dueños del país. Con el tiempo, como se vayan dando las cosas tiene que haber una alianza entre los dos pueblos. Nosotros siempre hemos expresado una solidaridad con las luchas que se dan en las ciudades, nos conmueven y nos importan las luchas, hay que tratar de seguir adelante, que la gente siga peleando, no hay otra forma de cambiar el modelo.”
La condena anticipada por ser mapuche
En la cárcel de Lebu y en las otras cárceles instaladas en el Wallmapu ha aumentado el número de presos políticos mapuche. Y esto es porque para los mapuche las leyes y las condenas se aplican de manera distinta, en un territorio militarizado y donde son muy notorios los intereses terratenientes, que son representados por fiscales y jueces.
Miguel Maliqueo, werkén de los PPM de Lebu durante la huelga nos dice que, los luchadores “son jóvenes que se han cuadrado a una línea de lucha, y se echan de menos cuando viven estos procesos de prisión o la misma clandestinidad, porque se alejan de nosotros. Eso es lo que busca el Estado. Y lo otro es que la fuerza moral de lucha se ha mantenido, la lealtad a nuestros presos de mantener la lucha, que no se ha abandonado, los peñi han dado harto esfuerzo por eso. En el weichan (lucha) claro que se echan de menos los peñi, esos viejos que les ponen bueno a la cosa.”
Respecto a la discriminación que existe en los juicios contra los mapuche, nos dice el werkén que “[Para el Estado] es molesto cuando un apellido mapuche no está involucrado en una situación de delito, por decirlo entre comillas. La presunción de inocencia solamente actúa para un ciudadano cuando evidentemente ni su cara de kultrün, ni sus apellidos están de por medio.
Esta discriminación se expresa por ejemplo en el juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca, donde al asesino, se le cambia la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario, beneficio que no es dado a cualquier persona que pasa por un proceso judicial.” Nos dice Miguel que “fue terrible saber que el que mató a Catrillanca estaba con su familia durante el proceso de la pandemia, compartiendo todos los días posiblemente con su mujer, con sus hijos, con sus padres. Sin embargo, para nuestros presos que no se les ha demostrado ningún delito, no ha existido ninguna posibilidad de cambiar esa medida. Es más, se les ha negado toda posibilidad de que tengan un encuentro directo con sus familiares.
“Por lo tanto ahí nos deja de nuevo entrever que la condición de mapuche no ha cambiado en lo más mínimo para las autoridades. Posiblemente ha cambiado -y que bueno que sea así- desde que parte el famoso estallido social de octubre de la sociedad chilena, en el bajo pueblo. Y que bueno que haya sucedido, nos permite irnos encontrando. Hay necesidades muy iguales frente al empresariado y a un Estado que reprime al minuto de que alguien levante la mano para satisfacer sus necesidades básicas, inmediatamente lo enjuicia, lo encarcela, o en el caso de los Mapuche los trata de terrorista.
“Qué mejor ejemplo de lo que hace Galli, cuando encuentran a este grupo de extrema derecha con unos ‘utensilios’, deja ver como la igualdad ante la ley es bastante diferente cuando se es mapuche. No nos cabe la menor duda que si esos mismos ‘utensilios’ hubiesen estado en manos mapuche, habría salido el notición con un gran titular. Además de llegar las condenas más grandes del mundo, y esa es una características que ha tenido el Estado continuamente, independiente de quienes administran este Estado.
“Es lamentable lo que pasa con nuestra gente. Está el caso de Tomás Antihuen, preso político mapuche desde julio de 2020. Tomas no tiene ningún antecedente, solo tuvo la necesidad de manifestarse, que tiene que ver con una carga histórica hacia atrás. Él vive en un espacio que lleva años de lucha. Sin ninguna investigación o antecedente que lo acuse concretamente, o que diga lo contrario a la presunción de inocencia que lo declare culpable, él hoy está en prisión preventiva. Esto nos permite pensar que al pueblo mapuche se le va a condenar sea culpable o no; la condena va a ser la misma o más alta. De ahí surge también la reafirmación de que toda prisión a un mapuche en resistencia es prisión política.”
