El movimiento campesino revolucionario en Brasil, en ilustración del diseñador y pintor Igor Totti.

Tras varios días de hostigamiento de la Policía Militar contra los campesinos del campamento Manoel Ribeiro y las áreas revolucionarias vecinas, el gobernador reaccionario del estado de Rondônia, Marcos Rocha, en colusión con el latifundio, envió una gran operación policial para intentar el desalojo criminal de campesinos que luchan por las últimas tierras que restan del fundo Santa Elina. Ante la cobarde represión, los trabajadores no recularon y, en varias ocasiones, obligaron a las tropas de la reacción a retirarse del lugar.

Traducido desde el sitio web Resistencia Camponesa

Victoriosos, los campesinos resisten el desalojo

El ataque directo contra el campamento Manoel Ribeiro alcanzó mayores proporciones a partir del día 30 de marzo, cuando decenas de policías militares fuertemente armados, amenazaron invadir las tierras ocupadas por las familias trabajadoras.

En Vindos de Chupinguaia, un municipio vecino a Corumbiara, a 675 km de la capital de Rondonia, los agentes de la represión llegaron en cuatro vehículos durante la tarde y atacaron a los campesinos asentados que, gritando consignas, se defendieron lanzando fuegos de artificio y piedras.

Con organización, las familias levantaron banderas rojas, además de azadas, machetes y hoces -sus herramientas de trabajo- y se defendieron empuñando escudos de madera, lo que obligó a la tropa policial a recular rápidamente.

En la fuga, los policías dejaron tras de sí un cartucho de pistola con sus municiones.

Después de esta envestida, llegaron más refuerzos y en total nueve vehículos participaron del ataque. Incluso fue utilizado un helicóptero.

Los campesinos levantaron barricadas encendidas y cables para bloquear la entrada al campamento como una forma de dificultar los cobardes ataques de las fuerzas policiales.

En medio de los ataques, dos campesinos fueron arbitrariamente detenidos y, hasta la fecha de esta publicación (1 de abril), su ubicación era incierta y su situación de salud era desconocida.

Durante el día 31 de marzo, después de sobrevolar el campamento Manoel Ribeiro y su entorno con un helicóptero del Núcleo de Operaciones Aéreas (NOA) y otro de bomberos, un operativo con decenas de vehículos y la tropa de choque de la policía militar se realizó una nueva tentativa para desalojar el campamento.

Los policías dispararon numerosas balas de goma y arremetieron con bombas de gas lacrimógeno contra padres de familia, mujeres y niños, pero nuevamente fueron recibidos con combatividad y obligados a retirarse.

Una gran cantidad de vehículos también patrulló intensamente la ruta MC01 que une la ciudad de Chupinguaia con el área rural del municipio donde se ubica el latifundio Nossa Senhora Aparecida, como si los campesino de la región fueran delincuentes.

De acuerdo con denuncias de los pobladores, un operativo policial aún mayor estaría reuniéndose y preparando una nueva embestida de agresión contra los campesinos. Incluso las colchonetas escolares estarían siendo usadas por los policías para pernoctar en el gimnasio deportivo de la ciudad.

La asociación criminal de latifundistas con policías y pistoleros

Toda esta millonaria movilización militar en plena pandemia para desalojar hombres, mujeres y niños que luchan por un trozo de suelo para vivir y trabajar, ocurre después de la apelación realizada por la criminal asociación de latifundistas del Cono Sur de Rondonia, con el objetivo de defender a sus comparsas, los latifundistas que se dicen dicen de las tierras de la hacienda Nossa Senhora Aparecida.

Numeras denuncias previas acerca del actuar criminal de pistoleros en el área (asesinos a sueldo del latifundio), habían sido realizadas a la justicia por las familias del campamento Manoel Ribeiro y campesinos de áreas vecinas. El pasado 22 de marzo se pudo comprobar la veracidad de estas denuncias, cuando un operativo de búsqueda y captura realizado por el Ministerio Público en las dependencias del latifundio resultó en la detención de 4 policías y dos empleados de la hacienda Nossa Senhora Aparecida.

En el operativo se requisaron diversas armas de fuego no registradas, municiones de diverso calibre, aparatos celulares y vehículos. Eso es solo parte del arsenal militar que era usado por los policías contra las familias del campamento Manoel Ribeiro. Las denuncias de los vecinos señalan que una vez alertados del operativo de captura en su contra, los pistoleros fueron hasta el establo y el corral (que utilizan como escondites y puntos de ataque contra las familias campesinas), desde donde retiraron armas, además de quemar cartuchos vacíos, ropas militares y otras evidencias de su actuación criminal hacia las familias del campamento.

La quema de este material pudo ser vista más tarde, cuando los campesinos pudieron comprobar que entre el material quemado había decenas de cartuchos de grueso calibre.

Pero la prisión de esta pandilla de policías militares que actuaban como pistoleros de la hacienda Nossa Sehora no generó conmoción, ni en los órganos de gobierno, responsables directos de los crímenes, ni en los monopolios de la prensa, que se dicen imparciales, pero son adictos al sensacionalismo cuando se trata de criminalizar al pueblo. Más bien en respuesta, la policía militar ha sido enviada para expulsar a los campesinos, aquello que la policía local y los pistoleros no consiguieron.

La operación de desalojo sigue en curso

Varios campesinos denuncias que se están realizando numerosos interrogatorios en los últimos días por parte de la policía para preguntar por los trabajadores que viven en el campamento Manoel Ribeiro y quienes son sus líderes. Los policías han realizado interrogatorios hasta de 30 minutos, intimidando a los trabajadores para que entreguen las contraseñas de sus teléfonos celulares y desbloqueen sus aparatos, en una abierta violación a su privacidad.

La persecución y criminalización contra las familias acampadas ha generado mayor agitación e indignación entre los campesinos que viven en la región.

Además de restringir la libre circulación, el operativo policial ha perjudicado los trabajos de los campesinos por el hostigamiento policial; ha significado también una nueva paralización en la campaña de vacunación contra el virus Covid-19, en medio de la mayor alza de decesos producto de la pandemia e incluso la escuela de la localidad ha visto comprometidas sus actividades por la represión policial.

Para más información, visite https://resistenciacamponesa.com/

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