"Ley anti-toma: más violencia del Estado a los pobres del campo y la ciudad". Consignas levantadas en el encuentro del 15 de mayo en Villa Francia. Fotografías: Octavia Rojas.

El sábado 15 de mayo se realizó una reunión entre poblador@s de tomas de terreno y comités de allegad@s de Santiago, abogad@s populares, organizaciones de apoyo a tomas y campamentos, fotógraf@s independientes y nuestro medio de prensa, en el cual pudimos compartir propuestas acerca de la necesidad de luchar contra el proyecto de ley de “usurpación”, que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso.

En la Villa Francia en Santiago, el Comedor Popular Luisa Toledo acogió este encuentro donde se planteó la urgencia de unir las más amplias voluntades y disposiciones para oponernos conjuntamente a que sea aprobado este nuevo plan de criminalización de la pobreza y, en cambio, exigir que la crisis de la vivienda sea atendida de inmediato mediante un Plan Habitacional de Emergencia.

“Uno quiere vivir dignamente”

Compañeros y compañeras de la toma de La Torre, en el centro de Santiago, nos expresaron: “Uno quiere vivir dignamente, pero uno no puede pagar por una vivienda. No quiero volver a una pieza de nuevo, es una cárcel. Viví 3 años así y no se podía llevar a alguien a la casa. Una toma es un paraíso, aunque no haya agua ni luz, aquí se puede llevar una visita. Pero el Estado lo ve diferente, dice que uno es un delincuente”.

Con todas las dificultades que significan vivir en una toma, los y las compañeras plantearon su decisión de luchar contra la criminalización de la pobreza: “Voy a dar todo por un derecho a la vivienda y dar la voz por lo que otros no quieran hacer.”

La toma de La Torre corresponde a un viejo edificio deshabitado que era foco de delincuencia y que fue ocupado por las familias que ahora enfrentan una querella por usurpación, presentada por la inmobiliaria dueña del lugar. “Nunca se preocuparon de este edificio todo el tiempo que estuvo vacío y ahora que nosotros estamos nos quieren echar», nos comentaron. «Ellos tienen muchos abogados, pero no solo eso, nos tienen seguimientos. Nos sacan fotos, nos han grabado. Tienen dinero para pagar eso. Ahora hemos tenido que organizarnos también para protegernos”.

La dimensión de la crisis habitacional

Desde 2019 a la fecha, el número de campamentos y tomas de terreno se ha incrementado enormemente. Al permanente hacinamiento y el incremento sostenido de los precios de las viviendas y los arriendos a causa de la especulación inmobiliaria, se ha sumado el empeoramiento de la crisis económica actual que produjo mayor cesantía y reducción de los ingresos en los hogares.

La única solución para decenas de miles de familias ha sido ocupar un terreno vacío y construir allí, como se pueda, un lugar para vivir. Un reciente informe de la Fundación Techo reconoce que actualmente hay más de 82 mil familias viviendo en tomas y campamentos.

Las cifras del gobierno hablan de un déficit de 500 mil viviendas, la Cámara Chilena de la Construcción señala que serían más de 700 mil. Las tomas y campamentos, el hacinamiento en las viviendas establecidas y el creciente número de personas en situación de calle son la cara más dura de la crisis habitacional en la ciudad y también en el campo, parte de la crisis general del capitalismo burocrático en el país. La concentración de la propiedad de la tierra está en la base del problema, junto con políticas públicas que no entregan soluciones efectivas (ver artículo relacionado).

No hay soluciones, sólo represión y criminalización

En el encuentro del sábado 15 de mayo, el comité de allegados Luchadores de Lo Hermida -que reúne a 160 familias- relató que desde hace tiempo vienen realizando movilizaciones por la vivienda, incluyendo dos tomas de terreno que fueron fuertemente reprimidas. La última toma del 11 de noviembre de 2019 llevó una ola de represión hacia toda la población: “La rebelión demostró la crisis social -nos relataron- y la expresión más grande de esta enfermedad está en el problema del hacinamiento. En Lo Hermida viven 50 mil personas y 20 mil tienen problemas de hacinamiento, que afecta principalmente a las mujeres”.

«Los programas del Ministerio de Vivienda son claramente insuficientes -continuaron expresando los compañeros y compañeras de Lo Hermida-. El plan 100+100 no trabaja con las tomas que se crearon desde 2019; hay terrenos en todas partes que pueden destinarse a vivienda social DS49, pero no se hace; los subsidios de arriendo son insuficientes. Todo el mundo está hablando del problema pero no se habla de soluciones concretas.”

Desde la Toma 17 de Mayo, en Cerro Navia, relataron la forma en que tantas veces han vivido el desprecio de parte de las instituciones estatales cuando se acude buscando soluciones: “En reuniones con la muni nos dicen que no pueden hacer nada porque se trata de terrenos privados. Serviu no habla con las tomas de terreno. Nadie está dispuesto a dialogar y después dicen que nosotros somos los violentos. Nadie quiere hablar de la problemática hasta que nosotros nos tomamos el sitio.”

Desde la Toma Violeta Parra de Cerro Navia, agregan: “El Departamento de Vivienda (de la Municipalidad) ¿qué hace? Debería estar buscando terrenos. No hace la pega que debería estar haciendo. En nuestra toma hay un porcentaje que no calza como parte de un proyecto (habitacional), y ya hay hacinamiento dentro de la toma.”

Esta misma situación se constata en todo el país. Y sin plantearse siquiera un plan efectivo para abordar la crisis habitacional, se busca aumentar las herramientas del Estado para reprimir y criminalizar la lucha por la vivienda. Al respecto, se comentaron en el encuentro los alcances del proyecto de ley que busca modificar el delito «usurpación», aumentando las multas y añadiendo penas de cárcel. Este proyecto de ley anti-tomas, además busca entregar mayores facilidades para desalojar las tomas de terreno en cualquier momento, sin necesidad de una orden judicial (ver artículo relacionado).

Oponerse al proyecto de ley de «usurpación» por todos los medios

Desde Defensa Popular, se explicó que actualmente los procesos judiciales frente a una usurpación van por cauces penales y civiles. En términos penales, actualmente la condena por el delito de usurpación es una multa. El juicio de civil va por otro cauce y es el único mecanismo por el cual realmente se podría ordenar a las personas ser desalojadas de la toma. “Si los tribunales aplicaran la ley tal cual -nos explicaron- no pueden sacar a la gente. Pero aunque a las tomas actuales no se les puede expulsar (por el cauce penal), los tribunales son también políticos y de todas formas pueden ordenarlo». Cuando hay intereses económicos y políticos de por medio «los van a echar con o sin ley”, concluyen, de la forma como actúan con las recuperaciones de tierra mapuche, donde operativos policiales se hacen al margen de la ley. 

Desde el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, que actualmente defienden a la Toma 17 de Mayo frente a la querella por usurpación que se ha interpuesto en su contra, nos plantean el escenario judicial que hoy enfrentan en medio de la discusión de este proyecto de ley: “El escenario es incierto, porque sabemos los intereses de los tribunales, que han mostrado su posición desde Octubre 2019 con la prisión política. El querellante está tratando de aplicar el mismo proyecto de ley en forma anticipada. Trata de hacer una acción restitutoria -que es una acción civil- dentro de un proceso penal. Con esto quiere castigar anticipadamente. La 17 de Mayo es el plan piloto, el conejillo de indias para aplicar esta nueva legislación antes de que sea aprobada.”

Las y los abogados participantes reafirmaron su disposición a apoyar a las tomas de terreno frente a los procesos actuales y futuros, pero al mismo tiempo plantean que la crisis habitacional obliga ahora mismo a defender el derecho a la vivienda por todos los medios. “Tenemos que saber que el Estado no cumple sus propias leyes, sino no sería este Estado -nos dicen desde Defensa Popular-. Están escritas cosas muy bonitas, como la igualdad ante la ley, pero operan de hecho de una manera diferente. Es importante estar atentos a la ley, pero a fin de cuentas las peleas no se ganan con la ley.”

La necesidad de un Plan Habitacional de Emergencia

Compañer@s de Lo Hermida se plantearon también de acuerdo con la necesidad de luchar contra esta ley maldita, pero abordándolo junto con el problema de la vivienda en general: “De la ley nos tenemos que proteger, pero también plantear otras cosas, como que se disponga de suelos. Esta problemática tan grande tiene posibilidad de ser resuelta. Aún en Peñalolén, que hay menos suelo, también allí hay suelo. Hay terrenos de bienes nacionales, del Ejército, los que pueden facilitarse para construcciones con DS49, viviendas sin deuda. Hay que instalar estos temas con luchas. Pegarle al problema fundamental que es el problema del suelo.”

Desde organizaciones de lucha por la vivienda, como el Movimiento Solidario Vida Digna, se ha instalado ya el problema de un Plan Habitacional de Emergencia, y en esto estamos luchando juntos. Desde otros territorios, Tomas y Campamentos en Resistencia están también levantando movilizaciones en este mismo sentido. Todas las voluntades y disposiciones serán necesarias para revertir los problemas actuales en el movimiento popular por la vivienda, entre los que se encuentra la debilidad de la articulación entre campamentos y comités de allegados: “Se nos hace competir -nos dicen-, las posibilidades de luchar juntos así están muy restringidas.”

La concentración de la tierra y la especulación inmobiliaria

En un país donde el latifundio y la semifeudalidad siguen presentes en campo y ciudad, el problema de la tierra está en la raíz de innumerables problemas para el pueblo. Como muchos otros, la solución al problema de la vivienda sólo podrá ser resuelto atacando la propiedad sobre los suelos, lo cual augura una lucha prolongada.

Desde Habitar Colectivo, una cooperativa de trabajo que apoya a poblador@s en distintos territorios, plantean la necesidad de poner en discusión el carácter social del derecho de propiedad: “Un eje que cruza todo el problema de la vivienda es cómo está concebido el derecho de propiedad en Chile. No hay relación con los problemas de la sociedad. ¿Cómo puede alguien tener un terreno botado, sin uso, cuando hay problemas de hacinamiento? La cuestión aquí es establecer el rol social de la propiedad.”

Es precisamente la defensa de la gran propiedad sobre los suelos lo que finalmente está detrás de este proyecto de ley de «usurpación», criminalizando las recuperaciones de tierra mapuche, las tomas y campamentos: “Hay que ver quienes pululan aquí -señalaron en el encuentro-. Ver los intereses de los Kast, de los Von Baer, los Sabat que están detrás de este proyecto de ley.”

Adicionalmente, desde Habitar Colectivo destacan la necesidad de defender derechos que debieran estar aquí presentes: “Plantearse qué papel juegan el agua y la luz como derechos. Denunciar también las prácticas especulativas. En otros países, como Brasil, se ha logrado frenar la especulación con impuestos progresivos, impuestos que crecen cada año para un sitio que está vacío, hasta hacerlos expropiables. Aquí no hay siquiera una política de control del precio de los arriendos. Son varios problemas.”

El encuentro concluyó reafirmando las disposiciones a trabajar en conjunto por sumar al mayor número de tomas, campamentos y personas dispuestas a levantar una lucha conjunta para oponerse a la aprobación de este nuevo proyecto de ley anti-pueblo, al mismo tiempo que exija medidas contra la especulación inmobiliaria y levantar la exigencia de un Plan Habitacional de Emergencia para abordar con urgencia la crisis habitacional.

Los esfuerzos actualmente están puestos en vincular a más tomas, campamentos, comités de allegad@s, organizaciones y personalidades en esta urgente lucha por defender la dignidad y el derecho a la vivienda para los pobres del campo y la ciudad.

Ponemos a disposición nuestras redes y el correo electrónico contacto@periodicoelpueblo.cl para quienes tengan interés de apoyar y vincularse.

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