De acuerdo con las últimas cifras oficiales, en Chile existen más de 1000 campamentos y tomas de terreno que alojan a más de 71 mil familias a lo largo del país. Tanto en el pasado, como ahora, son este tipo de asentamientos precarios y autoconstrucción la única forma real de obtener una vivienda, cuando las políticas estatales de vivienda parecen hechas para garantizar las máximas utilidades a las constructoras y los bancos, y no para resolver la sistemática crisis habitacional. Las tomas y campamentos no son hoy el problema, sino la solución al problema de la vivienda para decenas de miles de familias, y las iniciativas de ley en el Congreso, en lugar de reconocer esto y apoyar su regularización, se ocupan de aumentar las penas y facilitar los desalojos por parte de carabineros. Conversamos al respecto con la abogada Matilde Alvear.
Por Gloria Bascuñán
Desde enero de 2021, se discute en el Senado el Proyecto de Ley Usurpación, que ha sido reconocido desde las organizaciones de vivienda como una iniciativa “anti-tomas” (ver artículo previo publicado por Periódico El Pueblo). Este proyecto, impulsado por los entonces senadores de la Araucanía Felipe Kast. Marcela Sabbat, Enna Von Baer y Carmen Gloria Aravena, en lo fundamental busca entregar nuevas herramientas judiciales para perseguir las recuperaciones de tierra mapuche y a las tomas de terreno, es decir, nuevas herramientas para proteger la gran propiedad de la tierra del peligro que le significan los más pobres del campo y ciudad.
En términos legales el proyecto de ley amplía los recursos para perseguir penalmente al delito de usurpación. Para entender con mayor profundidad, entrevistamos a la abogada penalista, Matilde Alvear, quien tiene la defensa de la querella por usurpación presentada contra los vecinos de la Toma 17 de Mayo de Cerro Navia.
Matilde nos señala que el proyecto de ley anti-tomas puede resumirse en 7 puntos principales:
1) El proyecto de ley agrega a la usurpación violenta, lo que se denomina como “usurpaciones parciales y transitorias”, en tanto que anteriormente la “usurpación” se consideraba debía tener el carácter de permanente.
2) Cambia la pena de multa por una pena de presidio menor en su grado mínimo, que es una pena que va de los 61 a los 540 días de cárcel.
3) En el caso de la usurpación no violenta, lo que hace es cambiar la pena de multa por la sanción de prestación de servicios comunitarios.
4) Además, agrega un nuevo artículo que busca ampliar el periodo de flagrancia en todo el periodo que dure la “usurpación”. Esto da a carabineros las facultades para detener a una persona en cualquier momento mientras subsista la ocupación del lugar.
5) Además, se va a agravar la responsabilidad en el caso que se ocupe a menores de edad.
6) Algo complejo es que se fija un marco rígido para determinar la pena. “Cuando un juez fija la pena de un delito, normalmente hay atenuantes y agravantes que modifican esa pena, -nos señala Matilde- y uno cuando hace una prognosis, que es como una especie de pronóstico de la pena, siempre toma en cuenta todas esas variantes y es importante porque, según eso, se fijan las medidas cautelares, los procedimientos que se pueden seguir, si hay salidas alternativas o no.” Actualmente son los delitos graves tales como delitos de la ley de control de armas, delitos de hurto, entre otros, los que tienen un marco rígido. Al aplicar un marco rígido en este proyecto de ley, “significa que no se puede ni subir ni bajar la pena a la usurpación, para que queden siempre dentro del margen de la pena de prisión efectiva.”
7) Por otra parte, el proyecto busca modificar el artículo 124, que indica que todos los delitos que tengan asignada una pena de multa no se les pueden imponer medidas cautelares restrictivas o que priven la libertad de las personas. Como se busca eliminar la multa de la usurpación e imponer penas de cárcel, la usurpación quedaría fuera, con lo cual se permitiría imponer prisión preventiva u otr medida restrictiva de la libertad como medida cautelar en una investigación por usurpación.
El proyecto de ley ha seguido su curso dentro de la Comisión de Seguridad del Senado y recibió las últimas indicaciones en agosto de este año. Al respecto nos explica Matilde:
“En primer lugar, hablan de aumentar los medios comisivos, vale decir, las formas de cometer los delitos. Lo único que existe actualmente es la violencia: la usurpación violenta y no violenta. Pero quieren agregar la intimidación (que es distinto a la violencia) y la violencia en las cosas, esto es, romper un candado, una puerta, un cerco, etc. para cometer el delito. Eso lo quieren agregar como medio comisivo a la usurpación para hacer que de esta forma sea también usurpación violenta.”
Matilde nos comenta también que se busca modificar el proyecto de ley original para aumentar aún más las penas de usurpación, de presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado medio, con lo cual se apunta a penas que pueden llegar hasta los 3 años. También se pretende agregar una nueva agravante, en el caso que la usurpación se haga en edificios de servicios públicos o que estén destinados a la habitación.
“También se quiere poner un artículo en que exista una especie de justificante o exculpante para el caso que exista un caso de necesidad” -nos explica Matilde-. “Lo que se podría decir al respecto es que el estado de necesidad es algo muy difícil de probar, jurídicamente no es muy aceptado. Es muy difícil probar que la persona se encuentra en la necesidad, de que no pudo hacer otra cosa, salvo eso, para poder prevenir que iba a ocurrir un mal mayor. Entonces yo creo que es porque es una situación extrema que sería muy difícil de probar, pero de alguna forma lo que sí están proponiendo es una justificante o exculpante para estos delitos en determinados casos.”
Otras cosas que están indicadas por el Senado para ser incorporadas, -señala Matilde- es poner la “usurpación” en el artículo 189 del Código Penal, donde se puede solicitar la restitución de la cosa mientras dura el procedimiento. Con esta medida se busca que sea posible decretar los desalojos de las tomas de terreno antes de que exista una sentencia del juicio. Eso fue lo que intentaron hacer en el caso de la toma 17 de Mayo de Cerro Navia y que no fue aceptado por el tribunal, pues la legislación actual no lo contempla. Con este proyecto de ley se busca dejar esta medida totalmente establecida en la norma.
El carácter criminalizador hacia las familias más pobres aparece muy evidente en indicaciones adicionales propuestas por el Senado. Como señala Matilde Alvear: “hay otras indicaciones más graves, como el hecho de permitir técnicas de investigación en el caso que haya asociaciones ilícitas. Eso en el fondo es interceptación de teléfonos, vigilancias, grabaciones, que les puedan sacar fotos, agentes infiltrados, encubiertos, todas las técnicas que se ocupan para delitos graves, como los delitos de la ley de drogas donde efectivamente, sí se pueden utilizar, pero porque hay una gravedad también en el asunto.” Ha habido incluso posiciones delirantes, tales como incorporar a la “usurpación” en la ley antiterrorista, y permitir que el Estado sea el que se querelle contra los vecinos de tomas y campamentos, y considerarlo así un delito de seguridad pública.
Lo que va quedando muy en claro en la discusión de este proyecto de ley es que lo que está en pugna es la férrea defensa del derecho de propiedad de grandes propietarios de tierras contra el derecho de los más pobres de resolver su derecho a un lugar digno dónde vivir. En el avance de la discusión de este proyecto de ley “anti-tomas” va quedando claramente expuesto que la única disposición del Estado de Chile frente a la crisis habitacional no es resolver el problema de la construcción de viviendas, sino que sigue siendo la criminalización.
